La agrobiodiversidad se pierde, y no es por lo que crees...
La importancia de identificar bien las causas y buscar soluciones pragmáticas.
En 2013, el Perú impulsó la declaración del Año Internacional de la Quinua (AIQ) por la FAO. El objetivo fue destacar su alto valor nutricional y su potencial como cultivo clave para la seguridad alimentaria. Como resultado, la demanda mundial se disparó, los precios del grano alcanzaron niveles históricos y la quinua peruana se posicionó en el primer lugar en los mercados internacionales.
La siguiente gráfica muestra el impacto del AIQ en la producción nacional. Entre 2012 y 2014, el área cosechada se incrementó en 30 000 hectáreas y la producción fue 2.5 veces superior. Las sequías en el sur del país provocaron caídas en 2016 y 2023.
En varias regiones del país, como Ayacucho, Junín y Apurímac, muchos agricultores vieron en este auge una oportunidad económica y reemplazaron cultivos tradicionales, como la papa nativa y el maíz, por plantaciones de quinua.
Perú también se ha consolidado como uno de los diez mayores exportadores de ajo en el mundo, con más del 70 % de la producción concentrada en Arequipa. Sin embargo, desde 2020, Puno ha incursionado en la siembra de este bulbo. El distrito de Ácora fue pionero en la región gracias al apoyo del municipio y del programa Sierra y Selva Exportadora. Muchos agricultores dejaron de sembrar papas nativas y quinua porque no eran rentables. “Nosotros hemos intentado con el ajo, porque necesitamos solventar los gastos de nuestra familia”, menciona una de las productoras.
Tanto la quinua como el ajo redujeron la siembra de variedades nativas de otros cultivos, afectando la agrobiodiversidad1 del país. La decisión de los productores fue completamente racional: sin incentivos ni mercados diferenciados para conservar sus cultivos tradicionales, optaron por alternativas más rentables. Después de todo, la agricultura es una actividad económica y la principal fuente de ingresos para miles de peruanos.
En las últimas semanas, se ha reanudado la discusión sobre el ingreso de cultivos transgénicos al Perú. Sí, otra vez. Un nuevo proyecto de ley pretende derogar la moratoria vigente hasta el 20352. Los opositores a esta tecnología temen que los transgénicos desplacen a las variedades nativas y reduzcan la agrobiodiversidad. Sin embargo, bajo esa misma lógica, también habría que oponerse a la siembra de ajo, kion o palillo, muchos de ellos orgánicos, que igualmente desplazan cultivos nativos. Incluso la quinua y maca, especies oriundas del país, han sustituido a las papas nativas en determinadas zonas.
Lo que realmente impulsa la pérdida de agrobiodiversidad es el mercado. La solución no debe ser restringir a nuestros agricultores el acceso a cultivos más rentables o a variedades mejoradas (desarrolladas por cualquier método, incluyendo la biotecnología) que les reduzcan los costos de producción y faciliten el manejo agrario. Si hacemos esto, estaremos trasladando toda la responsabilidad y los costos de conservar la agrobiodiversidad a los más vulnerables: los agricultores familiares.
Dado que la rentabilidad siempre será un factor clave en la toma de decisiones, es fundamental generar incentivos que hagan viable y rentable la conservación de cultivos nativos.
Estrategias para conservar la agrobiodiversidad
Primero debemos reconocer que la conservación de la agrobiodiversidad es una responsabilidad del Estado. Y, en consecuencia, los agricultores que la preservan deben ser compensados, ya que brindan un servicio ecosistémico al mantener activa la evolución y adaptación de los cultivos a un ambiente cambiante. Su trabajo es fundamental para garantizar la resiliencia de nuestro sistema agroalimentario.
Desde hace diez años, el Ministerio del Ambiente impulsa el mecanismo ReSCA3. A través de este programa, las comunidades que conservan especies de importancia genética y cultural reciben beneficios económicos, herramientas, insumos, maquinaria agrícola, asistencia técnica y acceso a mercados diferenciados. Esto les permite seguir cultivando sus variedades tradicionales sin sacrificar su bienestar económico.
Sin embargo, se requiere institucionalizar el ReSCA para que todos los gobiernos regionales lo implementen en sus jurisdicciones. Las zonas de agrobiodiversidad serían un buen punto de partida para focalizar las intervenciones. Los recursos existen: por ejemplo, fondos del canon que muchas veces no se ejecutan debido a la falta de capacidades técnicas y administrativas, la burocracia del gobierno central, restricciones legales y, en algunos casos, corrupción.
Por otro lado, la Ley 310714 establece que las entidades estatales deben adquirir al menos el 30 % de sus alimentos de la agricultura familiar peruana, con el fin de apoyar a los pequeños productores y fortalecer su economía. Sin embargo, hasta la fecha, su implementación ha sido deficiente debido a que su reglamento no se ajusta a la realidad de la agricultura familiar en el país.
Un factor limitante importante es la capacidad de los pequeños agricultores para cumplir de manera constante con los requisitos de calidad, cantidad y logística que exigen las adquisiciones estatales. Para superar esta barrera, el Estado debe brindar acompañamiento a los productores en cada etapa de la cadena productiva, desde la producción hasta la distribución. Esto podría lograrse reactivando o asignando mayores recursos a las agencias y oficinas agrarias, actualmente debilitadas desde que pasaron a ser administradas por los gobiernos regionales.
Estos son solo dos ejemplos de instrumentos que, si se implementan adecuadamente, pueden contribuir a la conservación de la agrobiodiversidad. Paralelamente, es clave impulsar campañas de promoción del consumo interno y facilitar el acceso a mercados, como las ferias “De la chacra a la olla”. También se debe integrar las semillas nativas y tradicionales al sistema formal de semillas para generar certificaciones de calidad y sanidad, asegurando que conserven sus características genéticas.
Finalmente, un aspecto clave que abordaré en otro artículo es el estudio genético de la agrobiodiversidad para identificar características valiosas para el mejoramiento de cultivos. Esto permitiría ofrecer soluciones a la industria semillera nacional e internacional y distribuir los beneficios generados entre los agricultores que contribuyen a la conservación.
La agrobiodiversidad, o diversidad agrícola, es la variedad de plantas, animales, microorganismos y ecosistemas asociados con la agricultura, incluyendo las prácticas tradicionales que la sustentan.
En realidad, el proyecto de ley busca modificar la Ley 27104, promulgada en 1999, que regula el uso de los transgénicos en el país y que a la fecha no ha sido implementada por los vacíos técnicos y legales que presenta. Pero también dispone la derogación de la moratoria vigente en el país.
Retribuciones por Servicios de Conservación de la Agrobiodiversidad.
Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar, modificada en 2023 por la Ley 31805.