¿Quiénes deben pagar por el uso de la información genética?
La COP-16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobó la operatividad del mecanismo multilateral creado para repartir los beneficios derivados de las secuencias genéticas publicadas en internet.
Era sábado 2 de noviembre y amanecía en Cali. La última sesión plenaria de la decimosexta Conferencia de las Partes (COP-16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) continuaba desde la noche anterior. Los países no alcanzaban un consenso sobre el funcionamiento del mecanismo multilateral —establecido en la COP-15— destinado a distribuir los beneficios derivados del uso de la información digital de secuencias de recursos genéticos (DSI, por sus siglas en inglés).
Para comprender mejor este tema, es crucial reconocer que la mayor parte de la biodiversidad del planeta se halla en países en desarrollo, como Perú. Sin embargo, muchas de las empresas que se benefician de esa biodiversidad, como las del sector biotecnológico, farmacéutico, cosmético y agrícola, tienen su sede en los países desarrollados. Dichas empresas han aprovechado nuestro patrimonio natural para lograr beneficios comerciales, por ejemplo, usando plantas recolectadas, en ocasiones sin permiso, para crear nuevos cultivos o medicamentos, sin repartir las ganancias obtenidas.
Esto crea una injusticia que el CDB, aprobado hace más de tres décadas, intentó enmendar. En primer lugar, reconociendo los derechos soberanos de las naciones sobre sus recursos genéticos; y, en segundo lugar, procurando una distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos de estos recursos. El Protocolo de Nagoya, que deriva del CDB y ratificado por Perú y otros 140 países, aspira implementar este propósito.
No obstante, el Protocolo de Nagoya se limita al material genético físico. No abordó la forma en que los países deberían regular los datos genómicos de la biodiversidad que se secuencian y publican en repositorios de acceso abierto como el GenBank.
Cuando las empresas comercializan productos basados en DSI y no comparten los beneficios económicos que se derivan con el país proveedor de esos recursos, hablamos de biopiratería. Por esta razón, desde 2016 se ha propuesto incluir el uso de la información genética en el reparto de beneficios.
Proceso de negociación
Tras la aprobación del mecanismo multilateral en la COP-15, se estableció un grupo de trabajo de composición abierta encargado de definir la operatividad del mecanismo. Dicho grupo celebró dos reuniones presenciales en noviembre de 2023 y agosto de 2024, además de seis encuentros virtuales informales. Durante la COP-16 en Cali, se formó un grupo de contacto que se sesionó todos los días.
Desde el principio existió acuerdo en que las compañías que obtienen beneficios económicos de las DSI deberían aportar a un fondo global. Sin embargo, surgieron diferencias sobre si estas aportaciones debían ser voluntarias u obligatorias, y si solo las grandes empresas estarían obligadas a realizarlas. Los países desarrollados argumentaban que el CDB no podía imponer obligaciones a las entidades privadas, sino únicamente a las Partes. Por su parte, los países en desarrollo deseaban proteger a sus pequeñas empresas locales, procurando que estos aportes no perjudicaran su frágil competitividad.
También hubo consenso en que el mecanismo multilateral esté alineado con los principios de datos abiertos y no interfiera con la investigación científica o la innovación. Sin embargo, los países en desarrollo expresaron preocupaciones sobre la gobernanza de los datos, demandando una mayor responsabilidad de los administradores de bases de datos genéticas en cuanto a informar a los usuarios acerca del mecanismo multilateral, la repartición de beneficios, la identificación del país de origen y el acceso legal al material genético de donde se derivó la DSI. Por otro lado, los países desarrollados, financiadores de estas bases de datos, discrepaban debido a los costos adicionales que implicaría.
Otro punto crítico de la negociación fue cómo se debía distribuir los fondos. Los países en desarrollo abogaban por asignaciones directas, en contraste con los países desarrollados que preferían asignaciones basadas en proyectos, similar al enfoque del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). Además, se debatió sobre el porcentaje del fondo mundial que se asignaría a organizaciones indígenas y comunidades locales, el respeto de las legislaciones nacionales que regulan las DSI, la administración del fondo y la transparencia en la rendición de cuentas, entre otros temas.
A dos días de concluir la COP-16 y ante la falta de consenso sobre la operatividad del mecanismo multilateral, la Presidencia de la COP, liderada por la Ministra del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, optó por reunirse con cada grupo regional y los jefes de delegación de cada país para conocer sus posturas y redactar una propuesta de texto consensuado. Este documento se publicó en la madrugada del sábado 2 de noviembre, durante la sesión plenaria final, y se presentó para su aprobación integral ("lo toman o lo dejan"), sin espacio para más debates o modificaciones. Finalmente, después de horas de incertidumbre y con la adición de una resolución para explorar modalidades adicionales para el funcionamiento del mecanismo multilateral en la próxima COP, el documento fue aprobado a las 7:30 de la mañana.
Decisión agridulce
Los países en desarrollo y con alta biodiversidad manifestaron su malestar porque el mecanismo multilateral no tiene carácter obligatorio. Las aportaciones al Fondo de Cali (nombre que recibirá este fondo específico) por parte de las empresas que utilizan DSI son voluntarias. Será tarea de los países incorporar en su legislación y políticas nacionales los incentivos o regulaciones necesarios para garantizar la implementación y cumplimiento de dicho mecanismo.
Se acordó que, en esta primera fase, solo las grandes empresas1 que utilizan la DSI para desarrollar productos donarán el 0,1 % de sus ingresos o el 1 % de sus ganancias. Según cálculos optimistas de la London School of Economics, este fondo podría generar más de 1000 millones de dólares anuales. Sin embargo, dado que las aportaciones son voluntarias, es poco probable que se cumpla esta proyección.
Un aspecto favorable es que el Fondo de Cali se distribuirá directamente a los países mediante una fórmula de cálculo que será aprobada en la COP-17 y que considerará la riqueza de biodiversidad, el origen de las DSI y las necesidades de capacidad para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Además, al menos la mitad de estos fondos serán destinados a los pueblos indígenas y comunidades locales, permitiéndoles administrar sus recursos biológicos y genéticos de manera sostenible a largo plazo.
Si bien las instituciones académicas, como las universidades y los institutos de investigación sin fines de lucro, no tendrán que aportar dinero cuando desarrollen métodos o productos basados en la DSI, si deberán compartir beneficios no monetarios como la transferencia de tecnología y desarrollo de capacidad de para que los países en desarrollo y biodiversos puedan genera, almacenar y utilizar sus propias DSI. Asimismo, se han establecido ciertas responsabilidades a las entidades que administran las bases de datos genéticas para una mejor gobernanza de la información.
En conclusión, la decisión sobre el funcionamiento del mecanismo multilateral no fue del agrado de todos, como normalmente ocurre con las decisiones de las Convenciones de las Naciones Unidas que son aprobadas por consenso y no por votos. No obstante, es un buen punto de partida para dirigir fondos hacia la conservación de la biodiversidad, reduciendo el déficit de financiación que hay para cumplir los objetivos del CDB y el Marco Mundial de Biodiversidad.
Aquellas con activos superiores a los $ 20 millones o ingresos anuales superiores a $ 50 millones o ganancias superiores a $ 5 millones.