“¿Cuál es su posición sobre los cultivos transgénicos?” es una pregunta incómoda para cualquier candidato serio. Oponerse a la tecnología es la salida fácil. Nadie lo cuestionará. Plantear al menos su regulación o evaluación caso por caso puede costar votos. Y, siendo realistas, ¿para qué meterse en problemas en unas elecciones donde ninguno pasará del 15 % en primera vuelta y esos votos pueden hacer la diferencia?

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El problema es que el debate suele reducirse a los monocultivos de maíz o soya de Argentina, Brasil o Estados Unidos, países con modelos productivos intensivos; al uso del glifosato clasificado en 2015 como probable cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC)1; o al predominio del algodón transgénico en países asiáticos como India, Pakistán y China, asociado falsamente al suicidio de agricultores2.

Por ello, quiero enfocar este artículo en la otra cara de la moneda: cultivos transgénicos que representan menos del 1 % del total sembrado anualmente, pero que son vitales para la seguridad alimentaria. Hablaremos de la berenjena y el caupí transgénicos desarrollados por empresas o instituciones públicas para resolver problemas de pequeños productores que abastecen mercados locales o agricultores de subsistencia, cuya producción se destina principalmente al consumo propio.

En países asiáticos como India y Bangladés, la berenjena es probablemente la hortaliza más importante. Para el resto del mundo, un emoji con doble sentido. Gracias a su alta productividad, bajo costo y disponibilidad durante todo el año, resulta esencial en la dieta de las poblaciones de bajos recursos y una fuente clave de ingresos para pequeños agricultores.

El problema es que la berenjena es irresistible para el Leucinodes orbonalis. La larva de esta polilla perfora los tallos e invade los frutos, consumiendo su pulpa y arruinando hasta el 90 % de la cosecha. Los agricultores se ven obligados a aplicar insecticidas hasta treinta veces por temporada, con riesgos para la salud, el ambiente y residuos químicos en los alimentos.

Por el año 2000, la empresa india Mahyco desarrolló una berenjena transgénica resistente a esta plaga3. Para el 2005 contaba con algunos acuerdos de transferencia gratuita de la tecnología con universidades para desarrollar variedades locales modificadas. Aunque en 2009 obtuvo la autorización para su cultivo comercial, al año siguiente, el gobierno indio le impuso una moratoria indefinida motivada por una intensa presión de grupos activistas. Al parecer, ingerir la toxina Bt (que también se usa en la agricultura orgánica) es peor que fumigar todos los días.

Esta decisión no fue el fin para la berenjena Bt. Mahyco cedió la tecnología libre de regalías al Instituto de Investigación Agrícola de Bangladés (BARI), que desarrolló variedades locales resistentes. En 2014, se entregó semillas a veinte agricultores. Para 2020 ya eran más de 65 000. Y desde el 2022 se cultiva en Filipinas. Un estudio de 2024 muestra que los agricultores que usan la tecnología están contentos: hay un control efectivo de la plaga, reducción en el uso de insecticidas, mayor rendimiento y mejor calidad de vida.

En África Occidental, el caupí (Vigna unguiculata)4 es un alimento básico para millones de familias por su alto contenido de proteínas y bajo costo. Durante décadas, los agricultores nigerianos han librado una batalla casi imposible contra el barrenador de la vaina, Maruca vitrata (MPB). Esta larva ataca las flores y las vainas, destruyendo entre el 50 % y el 80 % de la cosecha. Para evitarlo, los agricultores aplican un cóctel de insecticidas hasta doce veces por ciclo, con costos tan altos que muchas veces no obtienen ganancias.

Durante años, científicos del Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) analizaron más de 15 000 variedades de caupí de todo el mundo en busca de resistencia natural al insecto. ¿El resultado? Cero. La única opción era crear esa resistencia desde cero mediante biotecnología.

En 2003, una coalición liderada por la African Agricultural Technology Foundation (AAT), con el apoyo financiero de USAID5 y la Fundación Rockefeller, y gracias a la tecnología Bt cedida sin regalías por Monsanto (hoy propiedad de Bayer), permitió a los científicos nigerianos del Instituto de Investigación Agrícola (IAR) en la Universidad Ahmadu Bello en Zaria desarrollar una variedad local de caupí transgénico resistente (SAMPEA 20-T), que fue evaluado en distintos lugares y condiciones mostrando protección efectiva contra la plaga.

En el 2019, las autoridades nigerianas aprobaron su producción comercial y para el 2021 las semillas llegaron a los productores locales. En 2023, Ghana también lo aprobó (variedad Songotra T). Es mismo año, un estudio mostró una enorme reducción del uso de insecticidas (de diez aplicaciones a una o dos) y mayor rentabilidad. Otro estudio publicado el año pasado mostró que la adopción del caupí Bt entre pequeños agricultores en Nigeria no está frenada por rechazo social, sino por fallas estructurales: semillas, información, extensión y financiamiento. Aun así, más agricultores optan por esta tecnología cada año.

Mi intención al mostrar estos ejemplos es ampliar el debate hacia aplicaciones adaptadas a realidades como la nuestra. No tenemos las llanuras de soya de Brasil ni los maizales industriales de Estados Unidos, así que no tenemos por qué importar conflictos ajenos. Nuestra realidad es una agricultura fragmentada, de parcelas de menos de dos hectáreas, en laderas irregulares, sin riego tecnificado, sin carreteras asfaltadas y sin asistencia técnica constante.

Para un agricultor sin acceso a maquinaria, ni dinero para fertilizantes o plaguicidas efectivos y de baja toxicidad (etiqueta azul), ni la visita regular de un agrónomo para implementar un manejo integrado de plagas, la semilla se convierte en su única tecnología. Si esta incorpora herramientas para defenderse de plagas o del estrés abiótico (sequías, heladas, salinidad del suelo, etc.), podemos aliviar en parte los problemas estructurales en los que siguen inmersos.

Creo que una verdadera “soberanía alimentaria” (término muy de moda) no se logra negando el acceso a la biotecnología, sino apropiándonos de ella. Por supuesto, no tenemos por qué copiar el modelo de los "países graneros"; debemos adaptar las tecnologías a nuestras necesidades y ver cuáles son pertinentes. Sin dudas se requiere cambios profundos y a largo plazo en las políticas agrarias. Pero podemos empezar potenciando nuestros institutos nacionales de investigación para que desarrollen soluciones locales, empleando todas las herramientas disponibles. La moratoria prohíbe los transgénicos en la agricultura peruana, pero la edición genética está a nuestro alance.

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• El origen de todos los algodones (Género Gossypium).

• Evolución y domesticación del G. barbadense (algodón peruano).

• El viaje del G. barbadense por el mundo.

• Desarrollo de la variedad Pima.

El algodón peruano, Gossypium barbadense, es famoso por la excelente calidad de su fibra. Destacan dos variedades emblemáticas: el Tangüis, cultivado en la costa central y sur —sobre todo en Ica—; y el Pima, que se produce en la costa norte, especialmente en Piura. Esta última evoca de inmediato lujo, resistencia y suavidad. Muchas marcas de diseñador emplean telas de este algodón en sus líneas premium.

¿Se han preguntado alguna vez de dónde viene la palabra “Pima”? No es un término quechua, como me dijeron en alguna ocasión, sino que hace referencia a un pueblo indígena de Arizona, en Estados Unidos. Para conocer su historia, haremos un viaje de diez millones de años y entenderemos cómo un arbusto silvestre africano se transformó en un cultivo fundamental para el Perú y el mundo.

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Origen de la lana vegetal

Se han descrito unas cincuenta especies de algodón (Gossypium)1 en el mundo, distribuidas en regiones tropicales y subtropicales áridas; sin embargo, solo cuatro fueron domesticadas para la producción de fibra.

Investigaciones genéticas modernas2 indican que el primer algodón ancestral emergió en el continente africano, hace 5 a 10 millones de años. Desde allí se expandió rápidamente a otros continentes, dando origen a tres linajes principales: africano, australiano y americano. ¿Cómo llegó tan lejos sin intervención humana? No fue por aves, ya que sus frutos no son comestibles. La explicación más aceptada es la deriva oceánica de semillas o cápsulas maduras, cuya resistencia al agua salada les permite conservar su viabilidad incluso tras cruzar grandes cuencas oceánicas.

El género Gossypium se divide en ocho grupos genómicos: A, B, E y F son africanos (A y E se extienden hasta el sudeste asiático); C, G y K son australianos; y D es americano. Todos son diploides, es decir, poseen dos juegos de 13 cromosomas, uno de cada progenitor. Dos especies del grupo A —Gossypium arboreum y Gossypium herbaceum— fueron domesticadas en India/Pakistán y en el Sahel (África), respectivamente. Son algodones de fibras cortas que siguen cultivándose de manera tradicional.

Hace entre 1 a 2 millones de años, una especie del genoma A, muy cercana a las actuales G. herbaceum o G. arboreum llegó a América, probablemente por deriva oceánica. Estas plantas generaron individuos viables que fueron polinizados por una especie americana del genoma D. La evidencia genética señala a Gossypium raimondii, endémica de los valles secos del noroeste peruano, como la especie americana implicada. El híbrido resultante (AD), originalmente estéril, sufrió una duplicación cromosómica espontánea que dio lugar a un organismo con dos juegos de cromosomas de cada progenitor: AADD. Un alotetraploide.

Este nuevo algodón alotetraploide se diversificó en distintos nichos ecológicos, formando tres nuevos grupos taxonómicos: el clado de G. mustelinum (confinado al noreste de Brasil); el clado de G. hirsutum (que incluye a G. tomentosum en Hawái y especies dispersas en el Pacífico); y el clado de G. barbadense (en la costa sur de Ecuador y norte de Perú, que incluye a G. darwinii en las Islas Galápagos).

Esa trayectoria evolutiva dotó a G. barbadense de un genoma complejo y robusto, con gran plasticidad para adaptarse a diversos ambientes —una característica que facilitó su posterior domesticación y su diseminación global.

Domesticación del algodón en Sudamérica

Mientras G. hirsutum (Upland) domina la producción mundial de algodón en volumen, la evidencia arqueológica sugiere que G. barbadense fue probablemente la primera especie americana utilizada de forma sistemática para la confección textil.

En excavaciones arqueológicas realizadas en el Valle de Nanchoc (entre Cajamarca y Lambayeque) se hallaron fibras de algodón de hace 7800 años, una de las evidencias más antiguas de uso textil en las Américas que precede al desarrollo de la cerámica y a la domesticación de G. arboreum en el Viejo Mundo.

En Huaca Prieta (La Libertad) se recuperaron hilos de algodón de 6800 años de antigüedad. Sin embargo, el hallazgo más trascendental a escala global fue un tejido de algodón teñido con índigo de hace 6000 años, que constituye el registro más antiguo conocido del uso de este tinte. Hace 4500 años, la producción y el almacenamiento masivo de algodón —especialmente de variedades de color pardo, crema, beige y marrón— fue una de las actividades centrales de Caral, la civilización más antigua de América.

El impulso inicial para la domesticación temprana del algodón en Sudamérica fue probablemente marítimo. En las sociedades costeras del Perú, el algodón era esencial para la manufactura de redes de pesca. La resistencia y durabilidad de la fibra de G. barbadense eran ideales para ello.

Con el tiempo, el algodón pasó a formar parte fundamental de la indumentaria, no solo para proteger el cuerpo del clima, sino también para expresar identidad, estatus social y pertenencia comunitaria3. Sus diseños transmitían mensajes no verbales y funcionaban como mercancía de intercambio con las regiones andina y amazónica.

La domesticación ejerció una selección direccional marcada sobre el fenotipo silvestre de G. barbadense. Se incrementaron el tamaño y el número de lóculos de la cápsula, aumentando la cantidad de fibra y alargándola progresivamente. Además, las semillas desarrollaron tegumentos4 más delgados, lo que permitió una germinación más rápida y uniforme tras la siembra.

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Fibras extralargas

Al comparar los dos algodones americanos, G. barbadense presenta un genoma ligeramente más pequeño que G. hirsutum (2.21 Gb frente a 2.29 Gb), aunque ambos son igualmente repetitivos (más del 60 %). No obstante, los cambios estructurales (inserciones o deleciones de ADN) se concentran en los extremos de los cromosomas (telómeros) de G. hirsutum, zonas más activas de recombinación que le confieren mayor flexibilidad para adaptarse a distintos entornos —algo que no ocurre en G. barbadense. Por ello, el algodón Upland está presente en más países.

Análisis del transcriptoma durante el desarrollo de las fibras revela que G. barbadense expresa un conjunto distinto de genes durante las fases críticas de elongación y síntesis de la pared celular secundaria, en comparación con G. hirsutum. Particularmente, la sacarosa sintasa (GbSus), una enzima clave en la biosíntesis de la pared celular, presenta una diferencia de dos pares de base que provoca una mayor expresión la fase de elongación en G. barbadense.

Además, en G. barbadense hay una expresión baja o nula de genes implicados en la biosíntesis de lignina (por ejemplo, GbDIR y GbbHLH), lo que evita la rigidización prematura de la pared celular y permite que la fibra se alargue durante un período más prolongado que en el algodón Upland. Como resultado, las fibras del algodón peruano alcanzan longitudes de aproximadamente 32–50 mm, frente a 25–30 mm en G. hirsutum.

Estos cambios en la expresión génica explican en parte la diferencia en la longitud de la fibra entre ambas especies americanas. En realidad, el proceso es mucho más complejo y participan numerosos genes, factores de transcripción, enzimas y hormonas vegetales.

Un crucero por el Caribe, Egipto y Estados Unidos

El comercio precolombino y las migraciones humanas propagaron el algodón peruano hacia la cuenca amazónica, el norte de Sudamérica y, eventualmente, el Caribe. A mediados del siglo XVIII, tipos más finos de G. barbadense fueron introducidos en las colonias británicas de América del Norte, especialmente en las islas costeras de Carolina del Sur y Georgia. El ambiente húmedo y marítimo favoreció el desarrollo del ecotipo “Sea Island”, caracterizado por fibras de longitud superior a 50 mm y con una finura inigualable. Allí el algodón pasó de ser un arbusto perenne a convertirse en un cultivo anual, tolerante a los días largos de esas latitudes, gracias al flujo génico de G. hirsutum.

A principios del siglo XIX, el ingeniero y empresario francés Louis Alexis Jumel encontró en El Cairo un arbusto perenne de G. barbadense de fibra extralarga en el jardín privado de Maho Bey El Orfali, exgobernador otomano. Gracias a su experiencia en el comercio del algodón, Jumel identificó el potencial de esa planta con una fibra extralarga y ligeramente parda, y convenció a Muhammad Ali Pasha, gobernante de Egipto y Sudán de ese entonces, de cultivarla extensivamente en el delta del Nilo para abastecer a Europa, estableciendo un monopolio estatal sobre su producción.

En 1839, Muhammad importó semillas del algodón “Sea Island” y las cruzó con el algodón Jumel, obteniendo otras variedades como 'Ashmouni' y, más tarde, 'Mitafifi'. Estas líneas se hicieron famosas por su resistencia y por su distintiva fibra de color crema. El desarrollo de variedades egipcias como las denominadas 'Giza' consolidó la reputación de este germoplasma en el mercado mundial durante el siglo XIX, alcanzando niveles de exportación históricos durante la Guerra Civil estadounidense (1861-1865).

A inicios del siglo XX, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) buscó reducir la dependencia del algodón egipcio importado, vital para la fabricación de textiles de alta gama y de neumáticos, impulsado por la creciente demanda del automóvil: el Modelo T de Ford. Se importaron semillas egipcias —en particular la variedad 'Mitafifi'— al suroeste americano, donde las condiciones climáticas de Arizona y California recordaban, en ciertos aspectos, las del delta del Nilo.

El desarrollo de una variedad de algodón de fibra extralarga estuvo a cargo del botánico, genetista y agrónomo Thomas Henry Kearney. En 1908 identificó plantas con una mutación que producía fibras más largas y resistentes. La denominó “Yuma”. Kearney seleccionó y desarrolló líneas más tolerantes a las altas temperaturas, baja humedad, suelos salinos y arenosos, y a fotoperiodos (duración del día) largos. Se establecieron campos experimentales con apoyo de la Nación Pima, un grupo de nativos americanos, que fueron instruidos para cultivar y recolectar el algodón con la expectativa de integrarlos al cultivo comercial.

En 1918 se obtuvieron las primeras variedades estables de algodón de fibra extralarga, adaptadas al suroeste de EE. UU. Se le denominó originalmente como “American-Egyptian cotton”. Dos años después, Kearney presenta la primera variedad comercial, Pima S-1, en honor al pueblo indígena que participó en su desarrollo.

De regreso a sus orígenes

A principios del siglo XX, la industria algodonera peruana en la costa central estaba dominada por la variedad 'Tangüis'. Fue desarrollada por Fermín Tangüis, un agrónomo de origen portorriqueño radicado en Pisco (Ica), quien salvó al cultivo de una devastadora enfermedad conocida como “marchitez algodonera”5. Pero, la costa norte, caracterizada por altas temperaturas, baja humedad, suelos salinos y arenosos (similar a la de Arizona), no era la más adecuada para esa variedad. Allí se cultivaban las variedades “Del País”, con diferentes colores, y un derivado del “Mitafifi” egipcio.

En la década de 1920, cuando el algodón “Sea Island” declinó en Estados Unidos debido al picudo (Anthonomus grandis), los agricultores peruanos vieron una gran oportunidad para producir algodón de fibra extralarga. En 1922, el hacendado piurano Emilio Hilbck Seminario envió a tres ingenieros agrónomos a Arizona para estudiar la nueva variedad desarrollada por Kearney. Satisfecho con el informe, Hilbck importó un lote de semillas y las sembró de inmediato en su fundo de Narihualá (Catacaos, Piura).

El retorno fue triunfal. Las variedades Pima se adaptaron excepcionalmente a los suelos arenosos y al sol ecuatorial de Piura, encontrando en su "hogar ancestral" condiciones óptimas para expresar su potencial genético. En la década de 1930, en colaboración con la Dirección de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Fomento y las estaciones agrícolas instaladas en Piura, se trabajó en la mejora la genética del algodón Pima, de la mano del ingeniero Manuel Moncloa y Ferreyra.

Durante las décadas siguientes, el Pima se diseminó gradualmente por los valles algodoneros del norte, especialmente en el Bajo Piura, Alto Piura y eventualmente Chira. Se extendió hasta Lambayeque y otros sectores costeros. Además, la estructura socioeconómica de la época, dominada por grandes haciendas o latifundios, permitió el cultivo extensivo y un control riguroso de la cosecha. La mano de obra disponible en esas haciendas facilitó la cosecha manual, que preservaba la integridad y limpieza de la fibra, añadiendo un valor premium al producto. Para la década de 1960, solo en Piura se sembraban 75000 hectáreas de algodón Pima.

Así se consolidó el nombre de algodón Pima Peruano, reconocido como uno de los algodones más finos del mundo y, con frecuencia, superior a sus contrapartes egipcias y americanas en longitud y uniformidad.

¿El fin del Pima Peruano?

Me hubiera gustado un final más feliz, pero la realidad es que cada vez se siembra menos algodón Pima. El año pasado se cultivaron 3200 hectáreas en Piura, que produjeron 1 780 toneladas de algodón en rama, lo que equivale a menos de 800 toneladas de fibra tras el desmote.

El algodón Pima peruano tiene, por naturaleza, un rendimiento menor que el algodón americano (Upland) de calidad inferior. Su periodo de cosecha puede extenderse hasta ocho meses, lo que impide al agricultor rotar el terreno con otros cultivos y obtener ingresos adicionales. Además, la recolección es escalonada —al menos en dos etapas—, lo que dificulta la mecanización y eleva los costos de mano de obra. Se han desarrollado híbridos entre G. barbadense y G. hirsutum, como el Hazera, que buscan acortar el ciclo y uniformar la cosecha manteniendo calidad y longitud de fibra, pero hasta ahora no han tenido éxito generalizado.

Por otro lado, las fibras sintéticas y el algodón importado de baja calidad y bajo costo procedente de Asia han desplazado al algodón peruano en la industria textil nacional. El diseño de ropa por temporadas, que prioriza precio sobre durabilidad, favorece fibras más económicas. Por eso son pocas las tiendas peruanas que realmente comercializan prendas hechas con algodón Pima, pese a que en Gamarra muchas aseguren que lo hacen. Lo poco que se produce se destina mayoritariamente a la exportación, hacia mercados dispuestos a pagar su precio premium.

Existen además otros problemas estructurales: mayor incidencia de plagas —como el gusano rosado— asociada al cambio climático; la ausencia de programas sostenidos de mejoramiento genético para generar semillas de Pima con mejor calidad de fibra, y más resistentes a plagas y a factores ambientales adversos (sequías, salinidad, aumento de temperaturas); y la limitada accesibilidad a crédito, seguro agrario y asistencia técnica para los productores. ¿Significa esto que estamos presenciando la desaparición del Pima peruano

El panorama es preocupante, pero no irreversible. Todo parte de políticas públicas que incentiven el cultivo de algodones nativos. Por ejemplo, las prendas institucionales de las entidades públicas (uniformes, camisas, chalecos, polos) podrían confeccionarse con algodón nativo; se debería fortalecer los programas de mejoramiento genético del INIA y de las universidades locales; y poner en valor nuestras variedades nativas de algodones de color. ¿Se imaginan un Pima marrón, crema, beige, pardo, verde o incluso lila?

La historia del algodón Pima peruano es realmente fascinante: un arbusto silvestre originario de las áridas costas del norte del Perú (G. barbadense), que viajó por continentes para transformarse en el “Sea Island” del Caribe, en el algodón egipcio del delta del Nilo y en el Pima del desierto estadounidense, antes de volver a sus raíces, sostener la economía de la costa norte durante buena parte del siglo XX y ser considerada como una de las fibras de mejor calidad del mundo.

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• ¿Cuándo los recursos genéticos dejan de ser patrimonio común de la humanidad?

• ¿Por qué la FAO impulsó el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)?

• ¿Qué es el sistema multilateral y por qué no ha garantizado una distribución justa y equitativa de beneficios?

• ¿Qué mejoras debe tener el sistema multilateral y por qué las negociaciones fracasaron?

Para comprender el contexto de la discusión, repasemos brevemente su historia.

Del patrimonio común a la soberanía

Antes de 1992, los recursos genéticos2 en el mundo se consideraban patrimonio común de la humanidad. Investigadores y empresas, sobre todo de países desarrollados, iban a los centros de origen de los cultivos como Perú para recolectar papas o maíces y llevarlos a sus bancos de germoplasma, sin pedir permisos ni firmar acuerdos. Se pensaba que estos recursos debían estar libres para “alimentar al mundo”.

Esto generó una desigualdad: los países en desarrollo entregaban gratuitamente la “materia prima” (el germoplasma) bajo el concepto de patrimonio común, mientras los países desarrollados devolvían productos (semillas mejoradas), a veces protegidos por patentes o derechos de obtentor, por los que se debía pagar un precio elevado. En otras palabras, la biopiratería3 estaba normalizada.

Fue en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 cuando se adopta el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que puso fin al concepto de patrimonio común para los recursos genéticos. Este acuerdo reconoce los derechos soberanos de los Estados sobre estos recursos, por lo que, si alguien quiere acceder a ellos, debe negociar con la entidad designada por el país y acordar beneficios antes de llevárselos4.

Este modelo funciona bien en sectores como la industria farmacéutica o cosmética, donde un compuesto específico puede extraerse directamente de una planta, pero no es igual en la agricultura. Una variedad mejorada generalmente contiene genes de múltiples cultivos procedentes de distintos países, lo que haría costosa y compleja la negociación de contratos bilaterales según las reglas del CDB.

Había el riesgo de que el mejoramiento genético, esencial para lograr cultivos más resistentes y productivos que contribuyan a la seguridad alimentaria, se estanque. Además, ningún país es completamente autosuficiente en recursos fitogenéticos, pues existe una interdependencia global. Por ejemplo, así como Perú dio la papa al mundo, también necesita el trigo de Oriente Medio y el arroz de Asia.

¿Una respuesta al CDB?

Ante este panorama, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) impulsó un Tratado para facilitar el acceso a los recursos genéticos esenciales para la seguridad alimentaria, alineándose con el CDB para asegurar una distribución justa de beneficios.

Este Tratado no desconoce la soberanía de los países sobre sus recursos fitogenéticos; al contrario, les permite, en ejercicio de esa soberanía, acordar un sistema común para compartirlos. En vez de negociar bilateralmente con cada país, se ponen 64 cultivos clave5 a disposición de un sistema global, al que se accede mediante un contrato estándar (ANTM)6. Los beneficios dejan de negociarse caso por caso y pasan a un fondo común.

Sin embargo, la preocupación principal se centraba en los centros del CGIAR7, una red internacional de 15 centros de investigación agrícola sin fines de lucro creada en 1971, cuyo objetivo es combatir el hambre y fortalecer la seguridad alimentaria. En el Perú tenemos la sede central de uno: el Centro Internacional de la Papa (CIP).

Estos centros habían reunido grandes colecciones de semillas y variedades en bancos de germoplasma accesibles para científicos y agricultores de cualquier país. Sin embargo, con el CDB proclamando la soberanía de los Estados sobre sus recursos genéticos, el CGIAR necesitaba celebrar acuerdos bilaterales con los países de origen para cada material almacenado, lo que podría obstaculizar el intercambio internacional de germoplasma y perjudicar el desarrollo de cultivos y la seguridad alimentaria.

El TIRFAA estableció una vía ágil para el intercambio de recursos genéticos, creando un sistema multilateral que mantiene el intercambio abierto, pero con normas claras de equidad y reparto de beneficios.

Promesas no cumplidas

El sistema multilateral del TIRFAA ha facilitado de manera efectiva el acceso y la transferencia de germoplasma para investigadores y empresas. Sin embargo, ha demostrado ser poco eficiente en la generación y distribución de beneficios económicos. Por ejemplo, aunque se han compartido más de siete millones de recursos fitogenéticos, solo se han pagado 800 mil dólares al fondo de distribución de beneficios en 18 años; eso equivale a apenas 10 centavos por recurso fitogenético. El fondo depende casi exclusivamente —en un 98 %— de aportes voluntarios de países y donantes, ya que los pagos obligatorios ligados al uso comercial de material genético son mínimos.

La falta de recursos suficientes impide la conservación adecuada de la agrobiodiversidad. Esto significa que los pequeños agricultores que mantienen las variedades nativas no reciben compensación por hacerlo y se ven forzados a sustituirlas por cultivos más rentables, pero menos diversos; o a dejar el campo para dedicarse a otra actividad. Sin esta diversidad, el sistema multilateral pierde su materia prima esencial, no hay nuevo germoplasma para el mejoramiento genético de los cultivos, no se alimenta el fondo y el ciclo se rompe.

Este problema tiene raíces estructurales. El Tratado, en su artículo 13(d), estipula que los pagos solo se efectúan cuando los productos obtenidos del material genético están disponibles sin restricciones, es decir, no están protegidos por derechos de propiedad intelectual (patentes o derechos de obtentor) ni sujetos a otras limitaciones legales o contractuales.

A pesar de que una empresa libere una semilla mejorada como “disponible sin restricciones” para evitar pagar al fondo un porcentaje de las ventas, sigue generando ingresos. Produce y vende grandes cantidades de semilla certificada, garantizando pureza genética y buen rendimiento, especialmente en el caso de híbridos. Aunque los agricultores tienen la opción de guardar y multiplicar la semilla, muchas veces prefieren comprar la certificada por conveniencia.

Por ello, el sistema multilateral no ha logrado asegurar una distribución justa y equitativa de beneficios, particularmente a países como el Perú, que son centro de origen y diversidad genética de muchos cultivos y principales proveedores de recursos genéticos utilizados por empresas de países desarrollados.

Mejorar el sistema multilateral

Como respuesta a estos cuestionamientos, el Órgano Rector del Tratado estableció un grupo para explorar posibles mejoras al sistema multilateral en 2013. Desde entonces se han realizado 14 reuniones, con debates intensos sobre tres puntos críticos: la ampliación del Anexo I del Tratado, el establecimiento de una estructura de pagos y tasas por acceso al germoplasma, y la incorporación de su información genética (DSI/GSD) en el sistema multilateral.

Sobre la ampliación de Anexo 1, en 2017 el Gobierno de Suiza propuso una enmienda al Tratado para que la cobertura del sistema multilateral incluya todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, más allá de la lista actual de 64 cultivos y forrajes específicos. El argumento principal fue que esta ampliación haría el sistema más atractivo para las empresas, incentivando así una mayor participación y una distribución de los beneficios, tanto monetarios como no monetarios.

No obstante, la propuesta requería que, en caso de objeción, los países debían justificar la exclusión de cultivos durante la adopción de la enmienda y hacerlo “con moderación”, lo cual generó inquietudes respecto a la soberanía nacional sobre los recursos genéticos.

Países de Latinoamérica, África y algunas naciones asiáticas, que figuran entre los principales proveedores de germoplasma, manifestaron su desacuerdo con esta medida. Ampliar la lista de cultivos sin asegurar ingresos sería repetir el error histórico: más acceso sin beneficios. Sin embargo, no rechazaron categóricamente la medida, sino que la condicionaron a la existencia de un mecanismo financiero sólido y previsible, proponiendo un modelo de pago de suscripción para el acceso al germoplasma del sistema multilateral, considerado como una opción justa y sostenible para asegurar ingresos regulares al fondo.

Asimismo, se propuso que los ANTM incluyeran cláusulas específicas para la distribución de beneficios derivados del uso de la información genética obtenida del germoplasma. Sin embargo, estas propuestas no contaron con el respaldo de los países desarrollados.

Como resultado, el documento fue presentado en la 11ª Reunión del Órgano Rector con más de 200 textos entre corchetes, reflejando la ausencia de consenso y profundas divergencias entre los países desarrollados, usuarios principales del sistema, y los países en desarrollo, proveedores clave de germoplasma. Tras doce años de deliberaciones, la definición final quedó pendiente para la reunión en Lima.

Final abrupto

La reunión en Lima, presidido por Alwin Kopše, funcionario de la Oficina Federal de Agricultura de Suiza, inició el lunes 24 de noviembre con los países marcando la cancha sobre el paquete de medidas para mejorar el sistema multilateral. Se creó un grupo de contacto8 que apenas tuvo cuatro sesiones durante los primeros tres días sin revisar el texto en debate. El resto de la semana, la presidencia optó por sostener únicamente reuniones privadas con representantes de cada grupo regional y algunos países.

En la noche del sábado 29 de noviembre, poco antes del cierre de la reunión, se presentó un texto de compromiso9 elaborado por la presidencia. Este proyecto de resolución era muy favorable a los planteamientos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países desarrollados. Proponía la expansión del Anexo 1 del TIRFAA para ser adoptada en la siguiente reunión del Órgano Rector. Y contenía un esquema actualizado del ANTM, donde el pago por suscripción sería opcional y no se abordaría la cuestión de la información genética, quedando todo condicionado a la mencionada expansión del anexo.

En resumen, el documento no reflejó las demandas de los países en desarrollo, a lo mucho, algunas de sus preocupaciones se pospusieron para una consideración futura. Delegaciones de América Latina, África y Asia manifestaron su descontento con la gestión de las negociaciones y rechazaron la presentación de un texto tan relevante apenas minutos antes de la sesión plenaria final, ya que esto dificultaba su análisis y consultas internas. Esto fue visto como un intento de forzar un consenso. Los países desarrollados, por otro lado, solicitaron respaldo a la propuesta de la presidencia, resaltando los avances conseguidos.

Finalmente, varias delegaciones del sur global, con el mejor espíritu de llegar a un consenso y no tirar por la borda tantos años de trabajo, propusieron que se tome nota del progreso logrado, se revise con calma la propuesta y se discuta nuevamente el tema en la siguiente reunión del Órgano Rector, dentro de dos años en Roma. La presidencia acogió esta propuesta y la puso en consideración de la plenaria. Casi todos los países estuvieron de acuerdo, pero dos delegaciones del norte global bloquearon el consenso y la presidencia cerró el debate.

Como resultado, se descartó el borrador y no se adoptó ninguna resolución sobre la mejora del sistema multilateral. No está claro cómo actuará la Secretaría del Tratado o la próxima presidencia (Argentina) respecto al proceso futuro.

¿Y ahora?

Desde mi punto de vista, mientras los países desarrollados continúen viendo el Tratado únicamente como un mecanismo para facilitar la transferencia de germoplasma, y no como un acuerdo que exige una distribución justa y equitativa de beneficios, nunca se logrará un consenso. Así lo señala el artículo 10.2 del tratado. En la práctica, observamos que los países megadiversos, quienes resguardan los recursos fitogenéticos bajos sus costos, terminan subsidiando a las naciones ricas que hacen uso de estos recursos.

No olvidemos que el propósito del Tratado, según el artículo 1, es proteger y asegurar el uso sostenible de los recursos fitogenéticos en la alimentación y la agricultura. Y las contribuciones monetarias son las únicas que pagan la conservación in situ, que es la principal fuente de germoplasma de la que se alimenta el sistema multilateral. La distribución de beneficios no es una caridad voluntaria, sino una obligación contractual vinculante tan importante como el mismo acceso al material genético.

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Según un informe presentado por IPBES2 en 2019, alrededor de un millón de especies de animales y plantas están en riesgo de extinción, y una proporción significativa de ellas podría desaparecer en las próximas décadas si no frenamos los factores que impulsan la pérdida de biodiversidad. Por su parte, el Informe Planeta Vivo 2024 de WWF reporta una disminución del 73% en el tamaño promedio de las poblaciones de vida silvestre monitoreadas entre 1970 y 2020. En América Latina y el Caribe, el porcentaje es aún mayor.

En la actualidad, la mayor parte de las extinciones se deben a la acción humana: caza, deforestación, introducción de especies exóticas invasoras y contaminación ambiental. El cambio climático, por su parte, modifica rápidamente los hábitats de especies que no pueden adaptarse a la misma velocidad, y aumenta el rango de distribución de plagas y enfermedades. Las extinciones puramente naturales en tiempos recientes son muy raras.

Ante este sombrío escenario tenemos dos opciones: abordar las amenazas a la biodiversidad y ayudar a las especies a hacerles frente. Para lo primero tenemos normas que prohíben o regulan la caza, penalizan la deforestación, controlan el tráfico de especies silvestres, sensibilizan y educan a la población. Su efectividad depende, muchas veces, de la capacidad de los países para monitorear, controlar, fiscalizar y aplicar sanciones. Y para lo segundo tenemos a la biotecnología.

La biotecnología3, en su sentido más amplio, es cualquier técnica que utiliza organismos vivos para fabricar o modificar un producto, desarrollar microorganismos para usos específicos o mejorar las plantas y animales para resistir plagas, enfermedades o el estrés ambiental. Desde hace mucho tiempo es un componente integral de la ciencia de la conservación.

Por ejemplo, el cultivo de tejidos de plantas silvestres permite su conservación en bancos de germoplasma y jardines botánicos. La criopreservación (conservación a muy bajas temperaturas) de semillas, embriones, gametos o tejidos asegura su disponibilidad para el futuro. Funciona como una póliza de seguro en caso de que se pierda una especie. Los marcadores moleculares4 permiten identificar especies raras o crípticas, y conocer la diversidad y estructura genética de las poblaciones. Esta información es clave para diseñar mejores planes de conservación, evitando la endogamia, la pérdida de fertilidad y la vulnerabilidad frente al cambio climático. Últimamente, el ADN ambiental está de moda porque permite detectar y monitorear especies sin necesidad de capturarlas o verlas directamente.

Sin embargo, la ingeniería genética ha sido relegada como aliado de la conservación. Siempre hubo oposición a esta tecnología por parte de diversas organizaciones ambientalistas y algunos científicos Temen posibles impactos imprevistos en los ecosistemas, aunque las evaluaciones de riesgos realizadas demuestran que los impactos son nulos, mínimos o manejables. Esto ha limitado el desarrollo de nuevas alternativas para prevenir la extinción de especies.

Un claro ejemplo de ello es el castaño americano (Castanea dentata), que está desapareciendo de los bosques del este de Norteamérica debido a un hongo procedente de Asia: Cryphonectria parasitica. No existen poblaciones naturales que resistan de forma efectiva esta plaga. En 1990, genetistas de la Universidad Estatal de Nueva York insertaron en el genoma del árbol un gen de trigo que codifica la oxalato oxidasa (OxO), una enzima que descompone el ácido oxálico que libera el patógeno, neutralizando su principal arma de ataque. El castaño transgénico, conocido como “Darling-54”, muestra alta resistencia al hongo y ha pasado evaluaciones regulatorias del USDA. Sin embargo, existe una campaña contra esta tecnología que viene retrasando su adopción, amparada en una aplicación absoluta del principio de precaución.

Este principio, consagrado en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), establece que ante la posibilidad de que una actividad cause un daño grave o irreversible al ambiente, no debemos esperar a tener pruebas científicas absolutas para actuar. El problema radica cuando la precaución se convierte en inacción. En el contexto de una crisis de biodiversidad no hacer nada o hacer algo que no está funcionando conlleva a la extinción de una especie.

Nos enfrentamos a la difícil decisión de elegir entre los riesgos inciertos de una intervención innovadora y los riesgos más evidentes de la pérdida de especies y el colapso de ecosistemas si no actuamos.

Para complicar más la cosa, ahora tenemos la biología sintética5 que va más allá de la simple transferencia de genes. Implica el diseño y la síntesis de nuevas secuencias de ADN para crear “partes” biológicas (como interruptores genéticos), “dispositivos” (conjuntos de partes que realizan una función) y “sistemas” (organismos completos con capacidades rediseñadas).

Recientemente, se viene explorando el uso de la biología sintética para el desarrollo de arrecifes de coral tolerantes al blanqueamiento y ranas modificadas genéticamente con resistencia a la quitridiomicosis, la peor enfermedad infecciosa jamás registrada en vertebrados. Los impulsores genéticos6 ofrecen la posibilidad de erradicar especies invasoras de forma selectiva y eficaz. La biología sintética también permite diseñar microbios para que produzcan moléculas valiosas para la industria cosmética o farmacéutica en el laboratorio, reduciendo así la presión sobre las especies silvestres de las cuáles se obtenían originalmente.

Sin embargo, debemos reconocer que estas aplicaciones pueden presentar riesgos significativos que deben ser evaluados cuidadosamente, caso por caso. El flujo de genes de los organismos modificados a las poblaciones silvestres podría introducir rasgos no deseados. La eliminación de una especie invasora podría tener efectos en la red alimentaria y la función del ecosistema. Los productos sintéticos más baratos y con las mismas propiedades que los naturales podrían afectar a las comunidades locales e indígenas que dependen de la recolección sostenible de esos recursos.

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El pasado 14 de octubre, los miembros de la UICN aprobaron por amplia mayoría7 la Moción 87 referida a su política sobre biología sintética en relación con la conservación de la naturaleza. Otra Moción, la 133, iba en sentido contrario. Buscaba una moratoria indefinida al uso de la ingeniería genética en especies silvestres y ambientes naturales, que finalmente fue rechazada.

La política sobre biología sintética establece un proceso de toma de decisiones transparente, inclusivo, y sobre la base de evaluaciones de riesgos caso por caso. Es decir, se pone sobre una balanza la innovación y la precaución. Fue la culminación de casi una década de trabajo participativo. Tuvo un debate intenso, a menudo polarizado, que obligó a la comunidad conservacionista a enfrentarse a algunas de las cuestiones más fundamentales sobre su propósito y sus métodos en el siglo XXI.

Este apoyo mayoritario a la Moción 87 me dejó realmente sorprendido. Más aún por la amplia crítica de ciertas organizaciones ambientalistas y algunos científicos al informe Genetic Frontiers for Conservation publicado por UICN en 2019. Según ellos, no abordaba adecuadamente los riesgos y las consideraciones éticas. Además, en el congreso de 2021, se aplazó la aprobación de una primera propuesta. Sin embargo, el apoyo a la política sobre biología sintética de este año refleja una maduración del movimiento conservacionista, que va más allá de una simple dicotomía “pro-tecnología” frente a “anti-tecnología” para centrarse en la gobernanza.

La Moción 87 establece un marco político detallado y lleno de matices, diseñado para guiar la toma de decisiones de forma responsable. No es una carta blanca como consideran muchas ONG. Cada aplicación potencial de la biología sintética debe ser evaluada individualmente en función de sus propios riesgos, beneficios y contexto específico. Exige la inclusión de diversos sistemas de conocimiento y defiende el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales a dar su consentimiento libre, previo e informado. Y establece criterios de responsabilidad y compensación por los daños que pudieran ser ocasionados.

La biotecnología ofrece un conjunto de herramientas potente, diverso y en rápida evolución con el potencial de abordar algunos de los retos más difíciles de la conservación. Pero no es una panacea. También existen riesgos ecológicos, sociales y éticos que deben ser evaluados con cautela, considerando la complejidad de los sistemas naturales.

La política adoptada por la UICN marca un cambio fundamental en el paradigma de la conservación. Se pasa de una preservación pasiva a la intervención activa y estratégica, basado en la ciencia y en la evaluación caso por caso, en una era de cambios ambientales sin precedentes.

Si queremos revertir esta tendencia, debemos ofrecer a los agricultores soluciones innovadoras, eficaces y prácticas.

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Anticuerpos químicos

El ADN no solo almacena información genética. También puede plegarse en formas tridimensionales específicas, llamadas aptámeros, capaces de unirse con gran afinidad y selectividad a moléculas concretas, como proteínas, azúcares o iones metálicos. En esencia, funcionan como “anticuerpos químicos”.

A principios de los noventa, investigadores de Harvard y de la Universidad de Colorado desarrollaron el método SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment), una técnica que permite seleccionar, entre millones de secuencias de ADN (o también de ARN) de unos cien nucleótidos, aquellas que adoptan la forma perfecta para unirse a un blanco molecular. El proceso consiste en mezclar millones de secuencias aleatorias con la molécula objetivo, aislar las que logran unirse con mayor afinidad, amplificarlas por PCR y repetir el ciclo hasta quedarse con las más eficientes. Al final de este proceso, solo sobreviven las secuencias con la mejor afinidad: los aptámeros.

Si los aptámeros pueden seleccionarse para unirse a moléculas específicas, ¿podrían utilizarse como anticuerpos contra enfermedades agrícolas?

Aptámeros contra hongos

Botrytis cinerea es un hongo que pueden arruinar cosechas enteras de tomates, uvas, manzanas y más de mil especies de plantas. Durante décadas, la defensa principal han sido los fungicidas sintéticos. Sin embargo, el hongo se ha vuelto resistente a todos ellos y cada vez es más difícil controlarlo.

Un grupo de investigadores españoles aplicaron el método SELEX para crear aptámeros de ADN dirigidos contra la enzima BcSOD1 que el hongo utiliza para neutralizar las moléculas reactivas de oxígeno (ROS) de las plantas. Sin esta enzima, el hongo queda expuesto al “ataque oxidativo” que los cultivos emplean como mecanismo de defensa.

Ensayos enzimáticos demostraron que la proteína BcSOD1 perdía un 97,5 % de actividad en presencia de los aptámeros. Mientras que las esporas cultivadas en placas Petri que fueron tratadas con los aptámeros germinaron hasta un 65 % menos que las no tratadas. Y cuando los aptámeros se aplicaron en hojas de tomate y manzanas infectadas con el hongo, las lesiones se redujeron casi a la mitad en comparación con las plantas sin tratamiento; aunque el efecto no fue tan efectivo como con un fungicida sintético como el fludioxonil.

Lo más interesante es que los aptámeros no solo bloquearon una proteína clave del hongo, sino que también activaron genes de defensa en la planta. Es decir, cumplen una doble función: debilitan al patógeno y refuerzan las defensas naturales del cultivo.

Una alternativa prometedora

Si se mejora su eficacia, los aptámeros podrían convertirse en una alternativa real a fungicidas como el mancozeb, clorotalonil o captan, conocidos por sus riesgos para la salud cuando quedan residuos en los alimentos. Esta innovación tendría un impacto especial en cultivos de exportación como arándanos, uva de mesa y fresas, sometidos a estrictos controles de residuos en mercados como Estados Unidos y Europa.

De los 28 países que cultivaron transgénicos en 2024, más del 90 % del área se concentró en solo cinco naciones: Estados Unidos (35,9 %), Brasil (32,4 %), Argentina (11,4 %), Canadá (5,6 %) e India (5,3 %). Además, otros países sudamericanos figuran en el top ten: Paraguay en sexto lugar y Bolivia en décimo. Si no fuera por su tamaño, Uruguay también estaría entre los primeros, ya que cerca del 10 % de su territorio alberga cultivos transgénicos.

Más de la mitad de esta superficie corresponde a soya, una de las principales fuentes de proteína y aceite vegetal. La soya transgénica representa el 75 % de la producción mundial de esta leguminosa. El maíz ocupa aproximadamente un tercio del área transgénica global y también equivale a un tercio del total de maíz producido en el mundo. En cuanto al algodón, representa un 10 % del área transgénica y el 70 % de la producción mundial de esta fibra. Por su parte, la canola cubre el 5 % del área transgénica y aporta una cuarta parte de toda la colza producida globalmente.

Estos cuatro cultivos —soya, maíz, algodón y canola— representan más del 99 % del área sembrada con transgénicos. Pero lo más interesante está en el 1 % restante. Aquí veremos cuáles son:

Alfalfa

Es el cultivo forrajero por excelencia. Destaca por su alto contenido de proteína, fibra digestible, vitaminas y minerales, fundamentales para la alimentación del ganado y animales menores como los cuyes. Su tolerancia al frío y su facilidad para ser transformada en heno o pellets la hacen ideal para el almacenamiento y transporte.

Las variedades transgénicas han sido desarrolladas para facilitar el control de malezas (tolerancia al glifosato) y mejorar la digestibilidad (HarvXtra®), reduciendo la producción de lignina. Actualmente, se cultiva exclusivamente en Estados Unidos, donde supera el millón de hectáreas, aunque también está aprobada en Argentina. Dentro del grupo de cultivos "otros", la alfalfa representa dos tercios del área total.

Papaya

En la década de 1990, el virus de la mancha anular (PRSV) casi colapsa la producción de papaya en Hawái, de no ser por investigadores de la Universidad de Hawái y de Cornell, liderados por Dennis Gonsalves, quienes lograron insertar el gen de la cápside del virus en papayas comerciales, creando resistencia a la enfermedad.

En 1998, las variedades transgénicas Rainbow y SunUp fueron aprobadas por la USDA y EPA, y distribuidas gratuitamente entre agricultores hawaianos, quienes replantaron sus campos con rapidez. A pesar de protestas de activistas, fueron los propios productores quienes defendieron el uso de la biotecnología como única vía para salvar sus cultivos.

Este éxito impulsó investigaciones en otros países. En 2006, la Universidad Agrícola de Cantón desarrolló la variedad Huanong No. 1, mientras que en Taiwán se generó la línea transgénica Tainung No.2 (TN-2), que mediante cruces con la variedad Sunrise, desarrollaron un híbrido resistente a cepas de PRSV de Asia y América. Estas papayas se cultivan de forma inadvertida y sin autorización oficial en varios países asiáticos como Indonesia, Tailandia, Malasia y Fiyi, a partir de las semillas obtenidas de los frutos importados desde China y Taiwán.

Perú también realizó investigaciones para obtener una papaya resistente a cepas locales del PRSV, antes del establecimiento de la moratoria a los OVM.

Producción de azúcar

En junio de 2017, Brasil se convirtió en el primer país en autorizar comercialmente la caña de azúcar transgénica (evento CTC20BT), resistente a la plaga Diatraea saccharalis, que fue desarrollado por el Centro de Tecnologia Canavieira. Desde la campaña agrícola 2021/22, los productores brasileros empezaron a adoptarla, con una superficie estimada de 50 000 hectáreas en 2024.

Por su parte, Indonesia cultiva desde 2019 una caña de azúcar transgénica tolerante a la sequía, desarrollada por un consorcio liderado por la compañía estatal PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI), la Universidad de Jember y Ajinomoto. Se estima que en 2024 se cosecharon unas 20 000 hectáreas.

En zonas templadas, la remolacha azucarera representa otra fuente clave de azúcar. Su versión transgénica, desarrollada en los años 90 para facilitar el control de malezas, alcanzó cerca de 400 mil hectáreas en 2024, principalmente en Estados Unidos y Canadá.

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Frutas y hortalizas

El primer cultivo transgénico aprobado en el mundo fue el tomate Flavr Savr® en 1994, diseñado por Calgene2 en California para prolongar la vida útil y preservar el sabor. Sin embargo, altos costos y campañas de desinformación hicieron que fuera retirado del mercado de Estados Unidos en 1997 y del Reino unido en 1999.

Desde el año pasado se comercializa en Estados Unidos un tomate transgénico rico en antocianinas, un pigmento y antioxidante natural que otorga una coloración morada intensa a los frutos. A diferencia de otros cultivos transgénicos, este producto se vende exclusivamente para jardinería. Por unos 25 dólares puedes llevarte una planta o diez semillitas a casa (solo en Estados Unidos).

Estados Unidos también es un importante productor de manzanas. Entre las variedades más comercializadas están la Granny Smith, la Golden y la Fuji. El problema con esta fruta es que una vez peladas y cortadas se oxidan rápidamente, lo que provoca el rechazo y eliminación por parte del consumidor. Las manzanas Artic Apples®, aprobadas en 2015 por el USDA, no se oxidan al cortarlas gracias a un ARN interferente que suprime la enzima polifenol oxidasa. Esto prolonga su frescura y reduce pérdidas en la cadena de suministro.

En Bangladés, pequeños agricultores cultivan desde 2014 berenjenas Bt resistentes a gusanos, desarrolladas con apoyo de la Universidad de Cornell y USAID. La adopción ha sido muy buena, principalmente en pequeños procuctores, quienes han reducido la aplicación de plaguicidas y mejorado su productividad. En India, su aprobación fue rechazada.

No existen datos precisos sobre la superficie total de estas frutas y hortalizas transgénicas, cuya producción sigue siendo limitada y localizada.

Plantas ornamentales

El desarrollo de plantas ornamentales transgénicas se centró principalmente en modificar el color de las flores. En 1996, la empresa australiana Florigene3 introdujo al mercado los claveles de color violeta al insertar el gen de la enzima F3'5'H, responsable de la producción de delfinidina. En años posteriores, esta técnica se aplicó a rosas y crisantemos. Actualmente, estas flores transgénicas se producen en invernaderos del municipio de Sesquilé, Colombia.

Otros cereales

La deficiencia de vitamina A es un grave problema de salud pública en muchas comunidades de bajos ingresos, especialmente en países asiáticos, donde el arroz es el alimento básico. Provoca ceguera infatil, un mayor riesgo de infecciones e incluso la muerte. A fines de la década de 1990, los científicos Ingo Potrykus, del Instituto Federal Suizo de Tecnología, y Peter Beyer, de la Universidad de Friburgo crearon un arroz transgénico que producía betacaroteno, un precursor de la vitamina A, adquiriendo un color amarillo característico. De ahí su nombre de “arroz dorado”.

Tras años de investigación y rigurosas pruebas de bioseguridad, en 2021 Filipinas se convirtió en el primer país del mundo en aprobar y autorizar la producción comercial del arroz dorado. En 2022 se realizaron las primeras cosechas a gran escala en varias provincias. Sin embargo, la oposición a este avance tecnológico por grupos pseudoambientalistas, que radica desde sus orígenes, lograron que el Tribunal de Apelaciones de Filipinas revoque el permiso de propagación comercial de este arroz.

Finalmente, Argentina aprobó en 2022 una variedad transgénica de trigo tolerante a la sequía. En la campaña 2023/24 se sembraron más de 32 000 hectáreas. Aunque representa menos del 1 % del total sembrado en el país, su adopción viene creciendo rápidamente.

Lo que se viene

La adopción de cultivos transgénicos seguirá creciendo a nivel mundial. Los desafíos del cambio climático —como el aumento de plagas y enfermedades, las sequías, y la necesidad de producir más con menos insumos— exigen tecnologías adaptadas a nuevas condiciones. Además, muchas patentes de eventos transgénicos han expirado, lo que permite a empresas locales desarrollar sus propias variedades sin restricciones (“transgénicos genéricos”).

Sin embargo, en la última década el desarrollo de nuevos transgénicos se ha ralentizado debido al avance de la edición génica. Herramientas como CRISPR/Cas permiten modificar el ADN sin introducir genes foráneos, lo que facilita su regulación y reduce los costos de desarrollo. Estas técnicas están marcando el futuro de la biotecnología agrícola.

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Conozcamos a los protagonistas de la historia…

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El vector

La mosca blanca (Bemisia tabaci) —que en realidad no es una mosca (orden Díptera), sino un pariente de chinches, pulgones y cigarras (orden Hemiptera)— está considerada como una de las plagas agrícolas más importantes y económicamente dañinas del mundo. Afecta severamente a cientos de cultivos, tanto en regiones tropicales como subtropicales, e incluso dentro de invernaderos.

Fue descrita por primera vez en 1889 por Panayiotis Gennadius, inspector del Departamento de Agricultura de Grecia, quien la observó causando estragos en cultivos de tabaco (Nicotiana tabacum). De ahí proviene su apellido “tabaci”. No obstante, pronto se reportaron ejemplares similares en otros países y en distintos cultivos, con diversos nombres locales.

Durante años se pensó que la mosca blanca era una sola especie, polífaga (que se alimenta de múltiples plantas) y cosmopolita (de amplia distribución geográfica). Sin embargo, estudios moleculares demostraron que en realidad se trata de un complejo de especies crípticas o biotipos, entre los cuales el denominado mediterráneo (B. tabaci MED) es el más extendido y dañino a nivel global. Este biotipo es capaz de transmitir más de 100 de virus vegetales.

El daño que provoca la mosca blanca es doble: por un lado, se alimenta de la savia de las plantas, debilitándolas; por otro, transmite virus fitopatógenos altamente destructivos, siendo este último el impacto más perjudicial.

El virus

El TYLCV (Tomato yellow leaf curl virus) es uno de los patógenos más destructivos en el cultivo de tomate. Como buen geminivirus, presenta una cápside formada por dos estructuras fusionadas y un pequeño genoma de ADN de unos 2800 pares de bases. Este codifica apenas seis genes: uno para formar la envoltura, otro para suprimir las defensas de la planta, dos para replicar su ADN, uno más para regular la expresión génica, y otro que modula los síntomas.

En las plantas infectadas, el TYLCV provoca que las hojas jóvenes del tomate se curven hacia arriba y se tornen amarillas entre las nervaduras. También atrofia su crecimiento, generando enanismo, y deforma los frutos, lo que compromete su valor comercial. La severidad y combinación de síntomas depende de la variedad de tomate, las condiciones ambientales y el momento de la infección. En casos graves, se puede perder el 100 % de la cosecha.

La transmisión del virus ocurre cuando una mosca blanca se alimenta de una planta infectada. El virus entra en su organismo, pasa a la hemolinfa (el equivalente a la sangre en insectos) y llega a las glándulas salivares. Desde allí, puede ser inoculado en nuevas plantas. Pero ¿cómo se asegura el virus de que las moscas lo propaguen eficazmente?

Para responder esta pregunta, investigadores de la Academia de Ciencias Agrícola de China realizaron una serie de experimentos, cuyos resultados fueron publicados este mes en Science Advances.

El mecanismo

Cuando se ofrecía a moscas blancas no infectadas la opción de elegir entre una planta sana y otra infectada por TYLCV, solían elegir la infectada. Esto ya se sabía, desde hace algunos años, pero los investigadores chinos fueron un paso más allá: cuando se les ofrecía elegir solo los aromas de las plantas, preferían el que derivaba de la planta infectada.

¿Qué contiene ese aroma que resulta tan atractivo? Los análisis químicos revelaron doce compuestos volátiles cuyas concentraciones diferían entre plantas infectadas y sanas. Entre ellos, el más llamativo fue el β-mirceno, emitido en niveles anormalmente altos por las plantas infectadas.

Los científicos identificaron que los genes TPS3 y TPS7, responsables de la síntesis de β-mirceno en tomate, se activaban más en plantas infectadas. Al eliminar estos genes, la preferencia de la mosca blanca por las plantas infectadas desaparecía.

La conclusión era evidente: el virus manipula la expresión de genes en la planta para volverla más atractiva a su vector.

Pero si las plantas infectadas atraen a las moscas, ¿cómo logra el virus que éstas se dispersen hacia plantas sanas y las infecten? Aquí viene lo más ingenioso. Una vez que la mosca blanca adquiere el virus, pierde su sensibilidad al β-mirceno. El TYLCV bloquea la expresión del gen BtMEDOR6, un receptor olfativo clave en las antenas de la mosca. Así, el insecto ya no se siente atraído por las plantas infectadas y se dirige a otras sanas, diseminando el virus.

Fenotipo extendido

Esta sofisticada estrategia encaja perfectamente con el concepto de fenotipo extendido, propuesto por Richard Dawkins. Según esta teoría, los genes no solo afectan al organismo que los porta, sino también a otros elementos de su entorno, moldeando comportamientos ajenos en favor de su propia propagación.

Existen varios ejemplos de fenotipo extendido en la naturaleza: el virus de la rabia induce agresividad en sus hospedadores para facilitar el contagio; el hongo Ophiocordyceps controla el comportamiento de las hormigas para morir en sitios ideales para esporular.

Hormigas zombis

Pero el TYLCV va más allá: manipula a dos organismos distintos, coordinando cambios bioquímicos y conductuales en ambos. Es como un ingeniero genético que rediseña el fenotipo de una planta y de un insecto a la vez.

Este hallazgo no solo explica el éxito del TYLCV, sino que también abre posibilidades para combatirlo: desde trampas con β-mirceno para atraer y capturar moscas no infectadas, hasta estrategias que bloqueen el receptor BtMEDOR6 y confundan a los vectores. La guerra contra este virus está lejos de terminar, pero ahora conocemos mejor a nuestro enemigo.

Liang, P., et al. (2025). A plant virus manipulates both its host plant and the insect that facilitates its transmission. Science Advances, 11(9).

Quizás el fracaso radique en un punto fundamental: todavía no entendemos bien el cáncer.

La teoría de la mutación somática

Durante décadas, la ciencia entendió el cáncer como un problema genético. Alteraciones en genes que regulan el crecimiento, la proliferación o la muerte celular (oncogenes), o en genes supresores de tumores, provocan que las células se multipliquen sin control, formando tumores. Esta es la base de la teoría de la mutación somática.

Su origen se remonta a 1914, cuando el embriólogo Theodor Boveri propuso que el cáncer se genera por alteraciones en la cromatina de una célula. Fue la primera teoría coherente que vinculaba directamente las anomalías genéticas —específicamente cromosómicas— con el desarrollo del cáncer.

En la década de 1950, Karl Heinrich Bauer y Carl O. Nordling refinaron la teoría en términos de acumulación progresiva de mutaciones genéticas. Bauer se apoyó en los descubrimientos sobre agentes carcinógenos, como el alquitrán de hulla y los rayos X; mientras que Nordling observó una fuerte correlación entre la edad y la incidencia del cáncer.

Esta teoría aplica principios evolutivos al nivel celular. El cáncer sería un proceso evolutivo dinámico dentro del cuerpo: mutaciones aleatorias y selección natural actúan sobre las células somáticas2 en el microambiente tumoral, impulsando la progresión, heterogeneidad y resistencia terapéutica de los tumores.

La secuenciación genética desafía el paradigma

Tras el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick en 1953 (basado en el trabajo de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins), varios científicos desarrollaron técnicas para leer las secuencias genéticas. El método de terminación de cadena o “didesoxi”3, desarrollado en 1977 por el bioquímico británico Frederik Sanger, fue el más utilizado por su relativa eficiencia y robustez.

Gracias a estas técnicas, se identificaron mutaciones asociadas al cáncer, como las de los genes BRCA1 y BRCA24. Se diseñaron ratones modificados genéticamente para simular estos defectos, y la terapia dirigida prometía corregir las mutaciones específicas, lo que atrajo cuantiosos fondos.

Sin embargo, la misma tecnología de secuenciación que sustentó la teoría de la mutación somática del cáncer, también reveló sus limitaciones.

Con el tiempo, se detectaron numerosas mutaciones tanto en tejidos cancerosos como en tejidos normales, sin que se estableciera necesariamente una relación causal. Dos personas con la misma mutación podían tener resultados distintos: una desarrollaba cáncer, la otra no. Algunos tumores no presentaban mutaciones conductoras consistentes, mientras que tejidos normales albergaban mutaciones oncológicas sin convertirse en tumores. La heterogeneidad genética entre tumores del mismo tipo resultaba desconcertante.

Los genes no son los únicos culpables

La idea de que el cáncer no es una enfermedad exclusivamente genética, sino también una enfermedad del contexto celular —es decir, de los tejidos— no es nueva.

En los años 1970, la embrióloga Beatrice Mintz realizó experimentos innovadores que desafiaron la visión dominante sobre el cáncer y la biología del desarrollo. Su trabajo, centrado en la inoculación de células cancerosas en blastocistos de ratón, reveló mecanismos sorprendentes sobre cómo el entorno celular puede reprogramar células malignas.

Al inyectar células de teratocarcinoma (un tipo de tumor embrionario) en blastocistos de ratones sanos, los ratones quiméricos resultantes no desarrollaron tumores. Las células cancerosas, al interactuar con el entorno embrionario, se integraron en tejidos normales (hígado, piel, sistema nervioso) y funcionaron como células sanas. Esto demostró que las células cancerosas no son intrínsecamente "irreversibles"; su comportamiento depende del contexto.

A la inversa, células embrionarias normales introducidas en ambientes inadecuados —como el testículo o la cápsula renal— desarrollaban tumores, al perder las señales reguladoras del entorno uterino. Se formaban teratomas: tumores con tejidos desorganizados como pelo, dientes o músculo.

Estos hallazgos sentaron las bases de la teoría de organización de tejidos. En esta visión, las células cancerosas no actúan de forma autónoma. El microambiente —la matriz extracelular, las células vecinas y las señales químicas o mecánicas— puede activar o desactivar genes sin necesidad de mutaciones en el ADN. El cáncer se parecería más a un “ecosistema enfermo”, donde el suelo (entorno) es tan importante como la semilla (mutación).

El cáncer como un estado atávico

Las esponjas, uno de los animales más primitivos en el sentido evolutivo, conservan versiones ancestrales de muchos genes que, en humanos, están implicados en el cáncer. Esto sugiere que los oncogenes son antiguos y que originalmente cumplían funciones vitales en los primeros organismos multicelulares.

Sobre la base de estos hallazgos, el físico Paul Davies y el astrobiólogo Charles Lineweaver propusieron que el cáncer representa una reactivación de un estado biológico ancestral: un fenómeno atávico5. Los genes comúnmente alterados en el cáncer (oncogenes y genes supresores de tumores) son los más antiguos desde el punto de vista evolutivo. Estos controlaban funciones esenciales como proliferación, respuesta al estrés o metabolismo básico en los metazoos primitivos (Metazoa 1.0).

Con el tiempo, surgieron nuevas capas genéticas que suprimieron estas funciones primarias para dar lugar a organismos más organizados y cooperativos (Metazoa 2.0, 3.0...). Estas nuevas capas son responsables de la organización compleja de los tejidos, el desarrollo coordinado, la diferenciación celular especializada y la homeostasis (mantenimiento del equilibrio interno) en organismos multicelulares avanzados.

La proliferación autónoma y, hasta cierto punto, descontrolada de células parece ser un estado latente "por defecto" presente desde el último ancestro común universal de todos los organismos multicelulares. Por ello, cuando las capas reguladoras modernas fallan, las células pueden reactivar los antiguos programas genéticos: vuelven a ejecutar el “software” de Metazoa 1.0.

Atractores del cáncer

Llegado a este punto, vemos que el cáncer es una posibilidad inmanente a los metazoos y, por lo tanto, es menos adecuado para ser visto como "causado por algo", sino que es principalmente el desencadenamiento de algo latente. La carcinogénesis sería la entrada accidental en programas celulares antiguos.

Es así como surge el concepto de "atractores de cáncer", propuesto por Huang, Ernberg y Kauffman en 2009, el cual ofrece un nuevo marco para entender el cáncer no como un error genético, sino como una disfunción en la dinámica de redes reguladoras génicas (GRN)6.

En sistemas dinámicos, un atractor es un estado estable al que tiende un sistema. Cada tipo celular corresponde a un atractor estable en las GRN, definido por patrones específicos de expresión génica.

Las mutaciones pueden alterar el cableado de las GRN. En la mayoría de los casos, solo distorsionará suavemente la topografía del paisaje7. Hay un número limitado de formas en que un paisaje puede cambiar suavemente sin dejar de garantizar la viabilidad de la célula. Sin embargo, una mutación también podría facilitar la entrada accidental en un atractor de cáncer, impulsada por el ruido molecular o el estrés ambiental no mutagénico. En este caso, se puede admitir que las mutaciones causan cáncer.

Desde esta perspectiva, las células cancerosas no son solo células mutadas, sino células atrapadas en un estado disfuncional y estable. Este enfoque explica por qué no todas las mutaciones causan cáncer y por qué el microambiente y las señales epigenéticas juegan un rol crucial.

Los "atractores de cáncer" ofrecen un marco unificador para entender el cáncer como un error en la autoorganización celular, donde genética, epigenética y ambiente interactúan. Este enfoque podría transformar la oncología, priorizando terapias que restauren la regulación natural de las GRN en lugar de solo eliminar células mutadas.

Conclusión

En lugar de centrarse únicamente en las mutaciones genéticas, los científicos exploran cómo la regulación y cooperación entre los genes afecta los estados celulares. Los genes codifican directamente las proteínas, no los fenotipos, y no actúan solos. Los genes interactúan entre sí a través de las proteínas reguladoras (factores de transcripción), pequeñas moléculas de ARN y configuraciones cromosómicas para producir colectivamente un tipo celular.

Replantear el cáncer como un fenómeno de redes y contextos abre nuevas posibilidades terapéuticas: no solo corregir mutaciones, sino también restaurar el entorno que regula su expresión.

Referencia: Huang, S., Soto, A. M., & Sonnenschein, C. (2025). The end of the genetic paradigm of cancer. PLoS Biology, 23(3), e3003052.

La siguiente gráfica muestra el impacto del AIQ en la producción nacional. Entre 2012 y 2014, el área cosechada se incrementó en 30 000 hectáreas y la producción fue 2.5 veces superior. Las sequías en el sur del país provocaron caídas en 2016 y 2023.

En varias regiones del país, como Ayacucho, Junín y Apurímac, muchos agricultores vieron en este auge una oportunidad económica y reemplazaron cultivos tradicionales, como la papa nativa y el maíz, por plantaciones de quinua.

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Perú también se ha consolidado como uno de los diez mayores exportadores de ajo en el mundo, con más del 70 % de la producción concentrada en Arequipa. Sin embargo, desde 2020, Puno ha incursionado en la siembra de este bulbo. El distrito de Ácora fue pionero en la región gracias al apoyo del municipio y del programa Sierra y Selva Exportadora. Muchos agricultores dejaron de sembrar papas nativas y quinua porque no eran rentables. “Nosotros hemos intentado con el ajo, porque necesitamos solventar los gastos de nuestra familia”, menciona una de las productoras.

Tanto la quinua como el ajo redujeron la siembra de variedades nativas de otros cultivos, afectando la agrobiodiversidad1 del país. La decisión de los productores fue completamente racional: sin incentivos ni mercados diferenciados para conservar sus cultivos tradicionales, optaron por alternativas más rentables. Después de todo, la agricultura es una actividad económica y la principal fuente de ingresos para miles de peruanos.

En las últimas semanas, se ha reanudado la discusión sobre el ingreso de cultivos transgénicos al Perú. Sí, otra vez. Un nuevo proyecto de ley pretende derogar la moratoria vigente hasta el 20352. Los opositores a esta tecnología temen que los transgénicos desplacen a las variedades nativas y reduzcan la agrobiodiversidad. Sin embargo, bajo esa misma lógica, también habría que oponerse a la siembra de ajo, kion o palillo, muchos de ellos orgánicos, que igualmente desplazan cultivos nativos. Incluso la quinua y maca, especies oriundas del país, han sustituido a las papas nativas en determinadas zonas.

Lo que realmente impulsa la pérdida de agrobiodiversidad es el mercado. La solución no debe ser restringir a nuestros agricultores el acceso a cultivos más rentables o a variedades mejoradas (desarrolladas por cualquier método, incluyendo la biotecnología) que les reduzcan los costos de producción y faciliten el manejo agrario. Si hacemos esto, estaremos trasladando toda la responsabilidad y los costos de conservar la agrobiodiversidad a los más vulnerables: los agricultores familiares.

Dado que la rentabilidad siempre será un factor clave en la toma de decisiones, es fundamental generar incentivos que hagan viable y rentable la conservación de cultivos nativos.

Estrategias para conservar la agrobiodiversidad

Primero debemos reconocer que la conservación de la agrobiodiversidad es una responsabilidad del Estado. Y, en consecuencia, los agricultores que la preservan deben ser compensados, ya que brindan un servicio ecosistémico al mantener activa la evolución y adaptación de los cultivos a un ambiente cambiante. Su trabajo es fundamental para garantizar la resiliencia de nuestro sistema agroalimentario.

Desde hace diez años, el Ministerio del Ambiente impulsa el mecanismo ReSCA3. A través de este programa, las comunidades que conservan especies de importancia genética y cultural reciben beneficios económicos, herramientas, insumos, maquinaria agrícola, asistencia técnica y acceso a mercados diferenciados. Esto les permite seguir cultivando sus variedades tradicionales sin sacrificar su bienestar económico.

Sin embargo, se requiere institucionalizar el ReSCA para que todos los gobiernos regionales lo implementen en sus jurisdicciones. Las zonas de agrobiodiversidad serían un buen punto de partida para focalizar las intervenciones. Los recursos existen: por ejemplo, fondos del canon que muchas veces no se ejecutan debido a la falta de capacidades técnicas y administrativas, la burocracia del gobierno central, restricciones legales y, en algunos casos, corrupción.

Por otro lado, la Ley 310714 establece que las entidades estatales deben adquirir al menos el 30 % de sus alimentos de la agricultura familiar peruana, con el fin de apoyar a los pequeños productores y fortalecer su economía. Sin embargo, hasta la fecha, su implementación ha sido deficiente debido a que su reglamento no se ajusta a la realidad de la agricultura familiar en el país.

Un factor limitante importante es la capacidad de los pequeños agricultores para cumplir de manera constante con los requisitos de calidad, cantidad y logística que exigen las adquisiciones estatales. Para superar esta barrera, el Estado debe brindar acompañamiento a los productores en cada etapa de la cadena productiva, desde la producción hasta la distribución. Esto podría lograrse reactivando o asignando mayores recursos a las agencias y oficinas agrarias, actualmente debilitadas desde que pasaron a ser administradas por los gobiernos regionales.

Estos son solo dos ejemplos de instrumentos que, si se implementan adecuadamente, pueden contribuir a la conservación de la agrobiodiversidad. Paralelamente, es clave impulsar campañas de promoción del consumo interno y facilitar el acceso a mercados, como las ferias “De la chacra a la olla”. También se debe integrar las semillas nativas y tradicionales al sistema formal de semillas para generar certificaciones de calidad y sanidad, asegurando que conserven sus características genéticas.

Finalmente, un aspecto clave que abordaré en otro artículo es el estudio genético de la agrobiodiversidad para identificar características valiosas para el mejoramiento de cultivos. Esto permitiría ofrecer soluciones a la industria semillera nacional e internacional y distribuir los beneficios generados entre los agricultores que contribuyen a la conservación.

Falsos dilemas

No repetiré lo que opiné el año pasado (pueden consultarlo aquí arriba). Esta vez me enfocaré en el maíz amarillo duro (MAD). El tercer cultivo más importante del país en cuanto a área sembrada, después del arroz y la papa. Sin embargo, la voz de sus productores –más de 170 mil pequeños agricultores familiares– no es escuchada en estos debates. Probablemente se deba a que, a diferencia de otros productores de maíz, ellos no utilizan las razas nativas de las que nos sentimos orgullosos ni contribuyen a conservar la agrobiodiversidad. O, como he escuchado por ahí, “no contribuyen a la seguridad alimentaria porque solo sirven de alimento para pollos y cerdos”.

Durante los últimos 10 años he recorrido todas las zonas productoras de MAD en el país con el objetivo de detectar cultivos ilegales de maíz transgénico, en cumplimiento de la Ley de Moratoria. He visitado desde Matapalo, en Tumbes, hasta La Yarada – Los Palos, en Tacna; pasando por los fértiles valles de la costa central, las extensas áreas irrigadas de Arequipa, las restingas de Ucayali, las planicies de San Martín y los montes del Alto Piura. Conversar con los agricultores me permitió conocer sus particularidades y necesidades, aspectos que las frías estadísticas no revelan.

El MAD se cultiva exclusivamente en la costa y la selva, generalmente a menos de 1500 metros sobre el nivel del mar. Por ello, cuando escucho a alguien afirmar que, en caso de ser transgénico, podría “contaminar” el maíz gigante del Cusco, me doy cuenta de su desconocimiento. En realidad, si se visita el Valle Sagrado de Urubamba se constata que la diversidad genética del maíz en esa zona es muy baja, pues los productores locales evitan sembrar otras razas para impedir la polinización cruzada y conservar las características tan apreciadas en el mercado internacional. El maíz gigante del Cusco se produce como un monocultivo, con problemas de plagas y de fertilidad del suelo, y su objetivo es netamente comercial. Sin embargo, nos sentimos orgullosos de él, y no está mal que así sea.

En el caso del maíz amarillo duro (MAD), su producción se destina al mercado local. En el Perú, la demanda anual de este grano es de aproximadamente 5,5 millones de toneladas2; sin embargo, en la última campaña agrícola se produjeron solo 1,3 millones de toneladas, lo que obligó a importar 4,2 millones de toneladas. Es decir, la producción local apenas cubre la cuarta parte de la demanda. Surge entonces la pregunta: ¿por qué no importamos la totalidad del MAD y destinamos esas tierras a cultivos más rentables?

En primer lugar, depender exclusivamente de las importaciones puede exponer al sector a vulnerabilidades, como interrupciones en la cadena de suministro internacional o incrementos en los precios globales—situaciones que ya experimentamos con la soya y los fertilizantes. En segundo lugar, el maíz resulta ser un cultivo rentable para el agricultor. No existe una sobreoferta que deprime los precios (como ocurre actualmente con el mango) y, en zonas con riego regulado, es posible obtener dos cosechas al año (no de la misma planta, como un tuitero dio a entender por ahí).

Los rendimientos del MAD en el Perú varían notablemente según la región. Por ejemplo, en la costa central se superan las 9 toneladas por hectárea, un valor elevado que incluso excede los promedios de países como Argentina y Brasil, donde casi toda la producción se basa en semillas transgénicas. Esto se debe, en gran medida, a factores climáticos: las temperaturas templadas favorecen el cultivo, mientras que las más cálidas tienden a reducir los rendimientos. Así, en la costa norte se observan valores menores, y en la selva (especialmente en San Martín y Loreto), donde se concentra la mayor extensión de cultivos de MAD, los rendimientos oscilan entre 2 y 4 t/ha.

Otro factor relevante es la semilla. Entre 2021 y 2023, el Perú importó, en promedio, 5 000 toneladas de semillas híbridas de MAD al año, principalmente provenientes de México y Tailandia. Esta cantidad es suficiente para sembrar cerca de 200,000 hectáreas, tanto para grano como para chala.

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Las semillas híbridas se caracterizan por generar altos rendimientos gracias a un fenómeno biológico denominado heterosis3. Su costo varía según la variedad; por ejemplo, una bolsa, que cuesta entre 600 y 800 soles, es suficiente para sembrar una hectárea (con sembradoras automáticas). Es importante señalar que el efecto de la heterosis se limita a una sola campaña: si se cosechan, seleccionan y vuelven a sembrar los granos, los rendimientos disminuyen considerablemente. Por ello, los productores de MAD adquieren semillas híbridas en cada campaña, asegurando así una buena producción y un retorno adecuado de la inversión.

Lo mismo ocurre con el maíz transgénico, ya que también se cultiva como híbrido. Sin embargo, existe la percepción de que esto es negativo porque supuestamente genera dependencia. Lo que se omite es que el agricultor elige la opción más rentable. Al invertir entre 4 000 y 5 000 soles por hectárea, se requiere obtener al menos 8 a 10 toneladas para duplicar la inversión. Por ello, no resulta viable utilizar semillas guardadas de la campaña anterior, pues sus rendimientos caerían considerablemente. Aunque nadie impide hacerlo, el agricultor, buscando maximizar la rentabilidad, prefiere comprar semillas híbridas nuevas en cada ciclo.

El rendimiento del maíz amarillo duro (MAD) no depende únicamente de la semilla utilizada. En diversas zonas del Perú se obtienen altos rendimientos sin necesidad de transgénicos, ya que estos no fueron diseñados para incrementar la productividad, sino para facilitar el manejo del cultivo y reducir los costos de producción. Afirmar lo contrario es engañoso.

Por ejemplo, el maíz Bt es resistente a plagas como el gusano cogollero o el gusano de tierra, lo que permite prescindir del uso de insecticidas sintéticos. Esto reduce el gasto en fitosanitarios y el costo de la mano de obra destinada a su aplicación, aumentando el margen de utilidad del productor, disminuyendo la exposición a químicos y mitigando los impactos ambientales y en la salud. Además, favorece a los insectos benéficos. En resumen, se obtiene la misma cantidad de maíz a menor costo y con menor impacto ambiental. Sin embargo, es importante reconocer que también pueden surgir plagas resistentes, lo cual es parte de la evolución natural de las especies y ocurre con cualquier método de control, ya sea sintético o natural.

El uso de híbridos no se limita únicamente a la costa. En algunas zonas de la selva –por ejemplo, en El Dorado y Picota en San Martín, o en Iberia en Madre de Dios– los emplean, alcanzando rendimientos de entre 6 y 8 toneladas por hectárea. No obstante, en la mayoría de los casos utilizan variedades locales, como Marginal o Tusilla, cuya producción depende más de la extensión del área sembrada que del rendimiento por hectárea. Esto provoca que se deforesten extensas áreas para la producción de MAD. Por otro lado, son cultivos de secano: dependen de las lluvias cuya escasez se ha vuelto más frecuente debido a la crisis climática. Esto provoca caídas significativas en la producción, incluso la pérdida total de la cosecha.

La forma de producción de MAD también varía entre regiones. En la costa y en algunas partes de la selva, a parte de las semillas híbridas, se emplean fitosanitarios y mecanización. En otros sectores, la producción se mantiene con métodos tradicionales debido a la falta de capital, infraestructura de riego y asistencia técnica.

Lo cierto es que miles de agricultores compran semillas híbridas cada campaña y, muchos de ellos, podrían optar por aquellas que les faciliten el manejo agronómico para aumentar sus márgenes de ganancia.

Sin embargo, el uso de la tecnología requiere una evaluación de riesgos. El principal sería el flujo de genes hacia las razas nativas de maíz. Normalmente donde se produce de manera intensiva el MAD no se cultiva otras variedades o razas locales de maíz. Pero hay muchas zonas donde coexisten. Si bien los agricultores aplican prácticas culturales para evitar el que MAD polinice a los maíces para consumo directo, porque afecta su calidad volviéndolos más duros, el flujo genético se da.

Cabe aclarar que la presencia de flujo génico no implica automáticamente pérdida o erosión de la diversidad genética, aunque es un temor muy arraigado en la mente de los peruanos4. Cuando se introdujeron los primeros híbridos de maíz en Perú, allá por la década de 1960, surgieron temores similares a los actuales respecto a los transgénicos. Sin embargo, más de 60 años de uso no han demostrado una pérdida de la diversidad genética por el flujo génico; aunque sí es cierto que las variedades locales pueden verse desplazadas, un proceso que se da con cualquier cultivo que resulte más rentable. Por ejemplo, ya vimos cómo el ajo desplazó a decenas de variedades de papa en algunas localidades de Puno.

Desde un punto de vista biológico, un gen por sí solo no tiene la capacidad de provocar erosión genética. De hecho, el flujo génico puede aumentar la diversidad en lugar de reducirla. Para que se produzca una erosión genética, deben cumplirse una serie de condiciones específicas, las cuales forman parte de la evaluación de riesgos; tema que abordaré en otro artículo.

Regular una tecnología como la de los transgénicos en un país megadiverso, con un alto nivel de informalidad en la agricultura y una fiscalización muy débil, plantea numerosos desafíos. La discusión debe centrarse en estos retos en lugar de abordar temas ya superados hace años. Países que son centros de origen, como China, utilizan esta tecnología; al igual que países comunistas como Cuba o Vietnam; e incluso naciones megadiversas como Colombia, Sudáfrica y Brasil. Asimismo, países con gran producción orgánica, como Estados Unidos, India, Australia y Uruguay, no presentan mayores inconvenientes.

Las proteínas son moléculas complejas conformadas por una larga cadena de aminoácidos. Al igual que un origami, se pliegan para adoptar una forma tridimensional específica que determina su función. Sin embargo, descifrar su forma es sumamente difícil. Se requiere cristalizar la proteína, exponerla a un haz de rayos X y analizar su patrón de difracción. Otra opción es modelar las interacciones entre los aminoácidos mediante una computadora para predecir su estructura, un proceso que requiere un refinamiento manual meticuloso.

Los jugadores de Foldit ayudaron a revelar estructuras de proteínas que habían eludido a los científicos durante años. Por ejemplo, en solo tres semanas lograron determinar la estructura de una enzima del VIH. Además, diseñaron nuevas proteínas con funciones específicas. Foldit fue precursor de RoseTTAFold,un programa que sustituyó la intervención humana por IA. David Baker recibió el Premio Nobel de Química el año pasado por estos avances.

Potencial de la IA en la biotecnología

En la actualidad se cuenta con diferentes herramientas bioinformáticas basadas en IA. Por ejemplo, DeepVariant permite identificar variantes genéticas, como mutaciones causantes de enfermedades, a partir de datos de secuenciación. Asimismo, EVE y AlphaMissense proporcionan información sobre el impacto potencial de estas mutaciones. AlphaFold utiliza datos de estructuras proteicas conocidas para aprender los patrones y reglas que gobiernan su plegamiento, lo que le permite predecir con alta precisión la estructura de nuevas proteínas empleando únicamente su secuencia genética o de aminoácidos.

Estas tecnologías están revolucionando el diseño de proteínas y facilitando la creación de nuevos agentes terapéuticos y de diagnóstico. Por ejemplo, a RFDiffusion le puedes dar instrucciones sobre la forma deseada de una proteína y el programa moldea la secuencia de aminoácidos hasta obtener la estructura deseada. En contraste, Chroma a identificar los aminoácidos adecuados para construir una estructura ya definida, sin partir desde cero. Otra herramienta, DiffDock, asiste a los científicos en la búsqueda de nuevos fármacos que puedan unirse a proteínas específicas para combatir enfermedades, actuando como un “ojo” inteligente que predice el encaje entre dos moléculas. DeepBind analiza secuencias de ADN para predecir los sitios de unión de proteínas, lo que es esencial para regular diversas funciones celulares, como la expresión génica.

Riesgos de uso dual

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la biotecnología está impulsando una auténtica revolución en el campo. Sin embargo, este avance también conlleva riesgos de uso dual, ya que las mismas herramientas que se emplean para fines beneficiosos—como el desarrollo de terapias para diversas enfermedades—pueden ser mal utilizadas para crear armas biológicas.

El desarrollo y despliegue de armas biológicas presenta importantes barreras técnicas y logísticas. Por lo general, se requieren agentes patógenos naturales o cepas modificadas mínimamente para incrementar su virulencia. No obstante, encontrar una cepa que cumpla con múltiples criterios—facilidad de manejo, producción masiva en biorreactores, alta letalidad, estabilidad térmica y capacidad de dispersión—resulta sumamente complejo. A esto se añade la necesidad de operar de forma encubierta para evitar la detección, lo cual restringe el intercambio de conocimientos y la resolución de problemas técnicos, complicando aún más la creación de un arma biológica.

Sin embargo, la creciente accesibilidad a herramientas biotecnológicas de vanguardia, especialmente aquellas impulsadas por IA, ha comenzado a debilitar estas barreras. La capacidad de la IA para diseñar proteínas y genes con características específicas podría facilitar la creación de agentes patógenos más peligrosos y difíciles de detectar.

Además, los sistemas de IA pueden automatizar tareas científicas complejas, reduciendo la necesidad de una formación altamente especializada. Por ejemplo, la IA es capaz de diseñar experimentos, optimizar diseños químicos y biológicos, definir vías de síntesis y predecir la eficacia de agentes biológicos nocivos con una supervisión humana mínima.

El impacto de un arma biológica podría amplificarse aún más si se combinara con ciberataques dirigidos a infraestructuras sanitarias o de defensa, lo que socavaría los esfuerzos de respuesta ante emergencias. Asimismo, el uso de campañas de desinformación—como se evidenció durante la pandemia de COVID-19—podría generar pánico y desconfianza en la sociedad, exacerbando sus consecuencias.

Retos para la regulación

Las materias primas y tecnologías empleadas para desarrollar armas biológicas suelen coincidir en gran medida con las utilizadas en ámbitos legítimos, como la investigación médica, la salud pública y la agricultura. Esta superposición dificulta diferenciar entre usos indebidos y aplicaciones beneficiosas.

Aunque es posible programar la IA para identificar y bloquear consultas con intenciones claramente maliciosas, muchos proyectos terapéuticos y de diagnóstico implican, por naturaleza, predicciones y diseños que comparten características con aplicaciones militares. Por ejemplo, el desarrollo de tratamientos para enfermedades infecciosas puede requerir el modelado de estructuras patógenas o la ingeniería de proteínas específicas, técnicas que también podrían aprovecharse con fines nocivos.

Iniciativas como el AI Safety Summit y la Convención sobre las Armas Biológicas están trabajando para establecer normas y políticas que protejan contra el uso indebido de la biotecnología y la IA. Por ello, es crucial que científicos y desarrolladores de IA sean conscientes de estos riesgos y tomen medidas proactivas para prevenir el mal uso de sus tecnologías. Además, resulta fundamental fomentar la transparencia y la colaboración internacional para enfrentar de manera efectiva los desafíos en materia de bioseguridad.

Referencia: Wheeler, N. E. (2025). Responsible AI in biotechnology: balancing discovery, innovation and biosecurity risks. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 13. https://doi.org/10.3389/fbioe.2025.1537471

Tomarse unas cervezas después de la pichanga, OK.

Fumarse un cigarrillo camino a casa, OK.

Alisarse el cabello cada seis meses, OK.

Tomar el sol en la playa por horas, OK.

Aplicar fitosanitarios a los cultivos, ¡¡¡NOS ESTÁN ENVENENANDO!!!

¿Por qué nos exponemos directamente y sin preocupaciones a sustancias comprobadamente tóxicas o cancerígenas, como el alcohol etílico, el alquitrán, el formaldehído o los rayos solares, pero nos alarmamos ante productos que protegen los cultivos, algunos de los cuales son incluso menos tóxicos o cancerígenos? Esto ocurre porque la percepción del riesgo varía entre las personas y, a menudo, es irracional. Nos preocupamos más de lo que la evidencia dice que necesitamos, o menos de lo que la evidencia dice que deberíamos.

El portal Salud con Lupa ha publicado importantes reportajes sobre el problema de los plaguicidas en el Perú. Detectaron la presencia de estos compuestos en alimentos con niveles que superan los límites legalmente permitidos. Además, hallaron productos cuyo uso está prohibido en otros países debido a sus efectos perjudiciales para la salud o el ambiente, pero que aquí mantienen sus registros vigentes. Esto generó alarma en la ciudadanía y, como resultado, los congresistas han propuesto proyectos legislativos para prohibir ciertos agroquímicos.

Los fitosanitarios (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.) son sustancias peligrosas porque tienen el potencial de causar efectos adversos, ya sea en nuestro organismo o en el ambiente. Es importante destacar la palabra "potencial", ya que se requiere una exposición alta (toxicidad aguda) o prolongada (toxicidad crónica) para que estos productos puedan causar un daño (efecto adverso observable, medible o cuantificable). No obstante, estar expuesto a una sustancia peligrosa no implica necesariamente un daño, tan solo un riesgo de ocasionarlo.

Reconozco que suena muy confuso. Pero entender la diferencia entre peligro, riesgo y daño nos ayudará a tomar decisiones más acertadas, sin caer en alarmismos innecesarios o en una falsa sensación de seguridad cuando no corresponda.

La exposición define el riesgo

Los peligros se convierten en riesgos solo cuando nos exponemos a ellos. El riesgo aumenta cuando la exposición al agente peligroso es más frecuente o probable, o cuando la consecuencia de dicha exposición es más grave. Sin embargo, solemos tratar todos los peligros como si fueran riesgos, sin considerar nuestro nivel de exposición.

Tanto el paracetamol (empleado para bajar la fiebre) como la cipermetrina (presente en insecticidas domésticos para matar arañas y cucarachas como Baygon® o Raid®) son tóxicos o peligrosos porque pueden causar un efecto adverso en nuestra salud. Pero ¿qué tan tóxicos son? Para saberlo contamos con un valor referencial llamado dosis letal media (DL50), que mide la toxicidad aguda de una sustancia. Equivale a la dosis requerida para causar la muerte del 50 % de una población de prueba, generalmente compuesta por animales de laboratorio como ratones, ratas o conejos. Un DL50 más bajo indica una mayor toxicidad, es decir, mayor peligrosidad.

Según la tabla, la toxicidad de la cipermetrina es 25 veces mayor que la del paracetamol. Esto no lo hace más riesgoso. Antes debemos considerar la exposición. En el caso del paracetamol, la dosis varía entre 1500 a 2000 mg por día (entre 20 y 30 mg/Kg para una persona promedio); mientras que un frasco de Baygon® de unos 500 ml (suficiente para múltiples aplicaciones) contiene 500 mg de cipermetrina. En condiciones normales, ambas sustancias presentan exposiciones bajas, lo que conlleva un riesgo reducido. Por ello son de venta libre.

La cosa cambia cuando se usa la cipermetrina con fines agrícolas. En este caso, un envase de un litro contiene entre 200-250 g del insecticida. La cantidad requerida para una hectárea de col, tomate o espárrago es de 100 g (equivalente a 400 ml del concentrado) que se diluyen en 400 litros de agua. Asumiendo que hay aproximadamente 30 000 plantas por hectárea, la cantidad del principio activo que recibe cada una es menor a 3.3 mg. Manteniendo las dosis adecuadas, la exposición del consumidor es mínima y el riesgo es bajo. Sin embargo, la persona que aplica el insecticida se encuentra expuesta al producto concentrado y a los aerosoles por tiempos prolongados y días consecutivos. Por lo tanto, el riesgo es mayor.

Evaluar del riesgo para tomar decisiones

La decisión de aprobar o registrar un producto se basa en el riesgo, no en el peligro. Para ello, las agencias o autoridades reguladoras llevan a cabo una evaluación de riesgo que implica identificar los peligros de una sustancia (posibles efectos negativos en la salud y el medio ambiente) y caracterizar la exposición (establecer la probabilidad o frecuencia de contacto con la misma). Basándose en estos dos factores, se calcula el riesgo total. A mayor riesgo, mayor probabilidad que ocurra un daño.

Si el riesgo es elevado, se debe buscar la forma de reducirlo. A esto se le conoce como gestionar el riesgo. Por ejemplo, el uso de guantes, mascarillas y mamelucos para evitar la inhalación o contacto con el insecticida, y establecer periodos de carencia (tiempo requerido entre la aplicación de un fitosanitario y la cosecha del cultivo) para evitar su ingestión, son medidas de gestión de riesgos. Si estas son insuficientes, ineficaces o poco prácticas de implementar, el riesgo no podrá reducirse y la solicitud de registro de un producto puede ser denegada porque puede haber un daño inminente.

Los medios de comunicación y la percepción del riesgo

Técnicamente cualquier sustancia puede ser peligrosa, incluso el agua, que puede provocar edemas cerebrales, convulsiones, coma y hasta la muerte. Pero no vemos ningún medio de comunicación alertando de los riesgos de tomar agua. Esto se debe a que, para que ocurran esos daños, se deben tomar muchos litros en pocas horas. Es decir, se requiere una alta exposición que es muy poco probable que ocurra. Por tanto, el riesgo es bajo.

Sin embargo, cuando la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), clasificó al glifosato en el Grupo 2A (probablemente cancerígeno), se generó todo un revuelo a nivel mundial. La prensa exacerbó el miedo sin considerar que la clasificación de IARC no evalúa el riesgo, sino el peligro. Se olvidaron del “probable” y publicaron que el glifosato era cancerígeno.

El Grupo 2A significa que hay evidencia suficiente en animales y limitada en humanos de que una sustancia podría causar cáncer. Es decir, el glifosato es una sustancia peligrosa porque puede provocar cáncer (específicamente, la evidencia apuntaba a linfomas no-Hodgkin). Sin embargo, esta clasificación no determina qué nivel de exposición o cantidad es necesaria para provocar cáncer en humanos, ya que no hay evidencia directa que lo confirme.

Las entidades que sí evalúan el riesgo, como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), no identificaron ningún ámbito de preocupación crítico para los seres humanos, los animales o el medio ambiente por el uso agrícola del glifosato. Sin embargo, esto no suele mencionarse en la prensa, y si lo hacen, es para acusar que el lobby industrial manipula a los entes reguladores.

Prevenir mejor que lamentar

Encontrar restos de plaguicidas en nuestros alimentos es peligroso. De eso no hay dudas. Pero ¿representan un riesgo para nuestra salud? Depende de la exposición, es decir, cuánta fruta o verdura contaminada consumimos. Normalmente las cantidades halladas son muy bajas para una toxicidad aguda. Sin embargo, la exposición constante podría generar una toxicidad crónica aumentando el riesgo de provocar un daño.

Por esta razón, las autoridades regulatorias tienen la obligación de minimizar los riesgos. La única forma de lograrlo es reduciendo la exposición, es decir, evitando que se superen los límites máximos permitidos de plaguicidas en los alimentos. Esto se logra con fiscalización, pero también con asistencia técnica y capacitación a los agricultores para un uso correcto de los fitosanitarios que, a pesar de que no nos gusten, son necesarios.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) puso en consulta pública la propuesta de reglamento. Este proyecto no fue bien recibido por la sociedad civil, que cuestionan que se haya incluido un umbral del 3 % para el etiquetado.

@aspec🚨🚨🚨‼️‼️‼️ ATENCIÓN!!!Publican proyecto de reglamento “transgénico” de etiquetado de transgénicos! #transgenicos #aspec #consumidor #alimentos #alimentacionsaludable #informacion #salud #alerta

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La presencia de trazas de transgénicos es inevitable

La presencia de pequeñas cantidades de ingredientes transgénicos en los alimentos, a pesar de que no sean intencionales, es técnicamente inevitable debido a la forma en que se cultivan, transportan y procesan los alimentos. Por esta razón, muchos países han establecido umbrales, es decir, límites máximos permitidos de material genético modificado en un alimento, por debajo de los cuales no es obligatorio incluir una etiqueta que indique la presencia de transgénicos. Por ejemplo, en la Unión Europea, este límite es del 0.9 %.

La creciente adopción de cultivos transgénicos a nivel mundial ha transformado radicalmente la agricultura. Cerca del 80 % de la soya y el 45 % del maíz que se produce en el mundo son genéticamente modificados, especialmente en grandes productores como Estados Unidos, Argentina y Brasil, donde el nivel de adopción supera el 90 %. Por ello, la presencia de trazas de transgénicos en la cadena alimentaria es cada vez más común. Para adaptarse a esta nueva realidad, los reglamentos de etiquetado han tenido que ajustar sus umbrales, siendo cada vez mayores, para hacer frente a las complejidades de la producción y el procesamiento de alimentos, sin comprometer la transparencia hacia el consumidor.

Transgénicos apilados

La complejidad de los cultivos transgénicos aumenta cuando se combinan diferentes características en una misma planta, un proceso conocido como 'apilamiento'. Por ejemplo, podemos combinar un maíz resistente a plagas (MON810) con otro resistente a herbicidas (NK603) y uno tolerante a la sequía (MON87640). Esta combinación de rasgos hace que sea más difícil identificar y cuantificar la presencia de cada modificación genética en una muestra.

Cada región, de acuerdo con sus necesidades, puede emplear cultivos transgénicos con diferentes características, tanto simples como apiladas. Por lo tanto, los granos producidos por un país contendrán una mezcla de todas ellas.

Al analizar una muestra de maíz con múltiples modificaciones genéticas, los resultados pueden ser engañosos. Incluso si solo un grano de cada cien (1 %) está modificado, los análisis pueden indicar un porcentaje mucho mayor. Esto se debe a que las técnicas de análisis detectan cada modificación individualmente, sin considerar que pueden estar presentes en un solo grano. Por lo tanto, establecer umbrales muy bajos penalizaría a los productores que hacen uso de insumos no transgénicos, pero que tienen niveles muy bajos de contaminación accidental.

Proteger la producción libre de transgénicos

A pesar de las preocupaciones de algunos grupos, el establecimiento de un umbral para el etiquetado de transgénicos no busca beneficiar a la industria, sino proteger a los productores y fabricantes que utilizan ingredientes convencionales.

La realidad es que, debido a la complejidad de la cadena de producción alimentaria, la contaminación cruzada con materiales genéticamente modificados es casi inevitable. Por ejemplo, en una fábrica de harina de maíz, es prácticamente imposible eliminar por completo los residuos de cultivos transgénicos procesados anteriormente, incluso después de una limpieza exhaustiva. Sin un umbral, muchos productos que contienen niveles mínimos de transgénicos, producto de esta contaminación accidental, tendrían que ser etiquetados. Esto perjudicaría o desalentaría a los productores que han tomado medidas para evitar el uso de ingredientes transgénicos.

Un estudio realizado por la Dra. Mónica Santa-María en 2014 ilustra claramente los desafíos de mantener la pureza de los productos no transgénicos en la cadena alimentaria peruana. Al analizar muestras de granos de maíz enteros y desgerminados que estaban destinados a la producción de cereales y hojuelas, la investigadora encontró que un alto porcentaje de estas muestras contenían trazas de material genético modificado, a pesar de que los granos habían sido adquiridos —a un mayor precio— a productores nacionales que no cultivan transgénicos.

El 19 % de los lotes de grano entero y el 91 % de los lotes de granos desgerminados tenían transgénicos. Sin embargo, los análisis cuantitativos mostraron que sólo el 2 % de los granos enteros y el 25 % de los granos desgerminados superaban el 0.9 %. Lo demás estaba por debajo de ese umbral.

El estudio es importante porque nos muestra una dimensión real del problema de la presencia adventicia de transgénicos en productos que no lo son. Si se establece una tolerancia de al menos el 1 %, la empresa que no desea etiquetar podría rechazar solo un pequeño porcentaje de los lotes adquiridos. Si bien esto acarrearía un costo adicional, que finalmente se traslada a los consumidores, sería mucho menor que si no hubiera umbrales.

¿Por qué 3 % y no 1 %?

El estudio de la Dra. Santa-María se centró en variedades transgénicas relativamente simples (MON810 y NK603). Sin embargo, la realidad actual es mucho más compleja, ya que los cultivos transgénicos suelen combinar múltiples modificaciones genéticas en un solo organismo. Esta complejidad hace que los análisis de laboratorio sean más difíciles y propensos a sobreestimar la presencia de material transgénico.

Por ejemplo, si un lote de maíz contiene una pequeña cantidad de un transgénico con múltiples modificaciones, los resultados del análisis podrían indicar un porcentaje mucho mayor de lo real. Para evitar penalizar a los productores que cumplen con reducir al mínimo la contaminación cruzada de los ingredientes convencionales con transgénicos, es necesario establecer umbrales de detección flexibles que reconozcan las limitaciones de las técnicas de análisis.

Las decisiones sobre los umbrales de etiquetado están influenciadas por factores económicos, sociales y políticos, lo que explica la diversidad de umbrales a nivel mundial. Mientras que la Unión Europea ha mantenido un umbral bajo durante décadas (0.9 %), otros países como Japón, Corea y China han adoptado umbrales más altos (3 % - 5 %) para adaptarse a las realidades de sus sistemas alimentarios.

Si en Perú no se establecen umbrales o si estos son muy bajos, los fabricantes no tendrán opciones libres de transgénicos, a pesar de que nuestros agricultores no utilizan esta tecnología. Esto ya ocurre en Ecuador y Bolivia, donde las empresas etiquetan todos sus productos como transgénicos, independientemente de si los contienen o no. Lo hacen para evitar problemas, ya que nadie las fiscaliza o sanciona por declarar que su producto contiene transgénicos cuando no es así. En realidad, a las empresas les resulta más económico etiquetar sus productos como transgénicos para evitar multas, en lugar de someterlos a análisis para comprobar que no contienen transgénicos. Como resultado, el consumidor no recibirá información veraz.

Problemas para fiscalizar

La fiscalización de los productos puestos a disposición de los consumidores es un proceso complejo. Para verificar que un producto cumple con la normativa, las autoridades suelen enviar muestras a laboratorios acreditados. Sin embargo, la variabilidad en los resultados de los análisis puede generar incertidumbre. Factores como los equipos utilizados, los reactivos empleados y, especialmente, el tipo de muestra pueden influir significativamente en la detección de material GM. Por ejemplo, la calidad del ADN en alimentos altamente procesados, como las galletas o los embutidos, es menor que en los cereales y harinas, lo que dificulta su análisis.

¿Qué pasaría si una empresa cuenta con un análisis en un laboratorio acreditado cuyo resultado es opuesto al obtenido por el ente fiscalizador? Cada laboratorio puede tener diferentes límites de detección incluso para la misma muestra. El umbral es importante para determinar un mínimo aceptable que todos los laboratorios acreditados puedan cumplir. Cuanto menor es el umbral, los resultados serán menos reproducibles. Y resultados poco reproducibles no sirven para la fiscalización.

Conclusión

Determinar la presencia exacta de transgénicos en los alimentos es un desafío complejo que requiere de un marco regulatorio claro y basado en evidencia científica. Si bien es importante garantizar la transparencia y el derecho de los consumidores a conocer los ingredientes de los productos que consumen, también es necesario considerar las realidades de la producción de alimentos y las dificultades de evitar completamente la contaminación accidental.

Aquí no hay presiones de la industria ni nada por el estilo, como quieren hacerlo ver para generar el rechazo de la población. Y se los digo yo que, a manera de disclaimer y para ser completamente transparente con ustedes, he contribuido técnicamente en la elaboración de esta propuesta.

Para mí el etiquetado de los alimentos genéticamente modificados es importante. Yo no lo veo como una advertencia. No tendría por qué serlo ya que todo producto transgénico disponible comercialmente ha pasado rigurosos análisis de seguridad aprobados por entidades respetables como la FDA o la EFSA. Ocultar esta información a la ciudadanía ha sido una de las cosas más contraproducentes para mejorar la percepción pública de los transgénicos y generar mayor confianza en la biotecnología agraria.

Zancudos biotecnológicos

Hasta ahora, el panorama para el 2025 parecía desalentador. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha anunciado un proyecto innovador para combatir el dengue mediante el uso de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, el cual costará unos ocho millones de dólares.

¿Qué es Wolbachia y cómo funciona esta tecnología?

En 1924, los científicos Marshall Hertig y S. Burt Wolbach observaron microorganismos en los órganos internos de diversos insectos. Aunque inicialmente pensaron que eran parásitos relacionados con las rickettsias, un parásito intracelular conocido por causar enfermedades en humanos y animales. Pero sus características biológicas diferían de ellas. Así surgió el nombre Wolbachia, en honor al co-descubridor. Hoy se sabe que al menos el 60 % de los insectos del mundo albergan esta bacteria, que puede heredarse por vía materna.

En 1967, se describió por primera vez un fenómeno conocido como incompatibilidad citoplásmica en el mosquito Culex pipiens, el cual provocaba que ciertos cruces entre machos y hembras resultaran en la muerte de los embriones o una distorsión de la proporción de sexos. Se observó este fenómeno en otros insectos y se sospechaba que los endosimbiontes bacterianos estaban implicados.

Décadas después, en 1992, el profesor Scott O'Neill de la Universidad de Queensland, Australia, descubrió que Wolbachia pipientis era responsable de la incompatibilidad citoplásmica en al menos seis especies de insectos. Lo más interesa era que esta bacteria también podía transferirse a otras especies mediante microinyecciones embrionarias.

En 1997, Seymour Benzer, un reputado biólogo molecular del CalTech, descubrió una cepa de Wolbachia que puede acortar la vida de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. La bacteria permanece inactiva durante el desarrollo de la mosca, pero al llegar a la etapa adulta, prolifera rápidamente dentro de sus tejidos, de manera similar a cómo las palomitas de maíz (pop corn) revientan de un momento a otro dentro de la olla. Por esta razón llamaron a la cepa wMelPop. Esto provoca una muerte prematura en las moscas.

El profesor O'Neill, quién pasó a trabajar en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Yale (Estados Unidos), leyó el artículo de Benzer y, alrededor del año 2000, se animó a introducir WMelPop en poblaciones de Aedes aegypti, vector del virus del dengue, para acortar su esperanza de vida. En 2004, la investigación recibió financiamiento de la Fundación Bill & Melinda Gates [se la dieron servida a los conspiranoicos].

Más tarde, en 2008, O'Neill descubrió que los insectos infectados con Wolbachia eran menos susceptibles a la mortalidad inducida por una serie de virus de ARN. Este hallazgo cambió el enfoque de su investigación: no solo se podía usar la bacteria para reducir la vida útil del mosquito, sino también para protegerlo de infecciones virales. Finalmente, en 2011, lograron infectar mosquitos Aedes aegypti con una cepa de Wolbachia llamada wMel, que no afectaba su esperanza de vida, pero sí bloqueaba la transmisión del virus del dengue.

Ese mismo año, se probaron estos “wolbitos” (mosquitos infectados con Wolbachia) en dos pequeñas ciudades de Australia, Yorkeys Knob y Gordonvale, con incidencias del dengue relativamente altas. Liberaron entre 10 000 y 22 000 wolbitos semanalmente por dos meses y medio. Dos semanas después observaron que el 100 % de los mosquitos de Yorkeys Knob y el 80 % de Gordonvale portaban la bacteria wMel.

¿Resultados del World Mosquito Program?

Los mosquitos infectados con wMel se liberaron en 2013 en Vietnam, en 2014 en Brasil e Indonesia, y en 2015 en Colombia. En 2017 otros países como México, Sri Lanka, Vanuatu, Fiyi y Kiribati se unieron a la iniciativa y fue cuando el programa “Eliminate Dengue: Our Challenge” pasó a llamarse World Mosquito Program (WMP).

En 2020, se anuncian los primeros resultados de un ensayo controlado aleatorio por grupos del uso de wolbitos en Yogyakarta, Indonesia. Las liberaciones de mosquitos con Wolbachia redujeron la incidencia del dengue en un 77 % y las hospitalizaciones por dengue en un 86 %.

Al año siguiente, se presentan los resultados de Brasil, donde se observó una reducción del 69 % en la incidencia de dengue, 56 % en chikungunya y 37 % en Zika en las áreas donde se liberaron los mosquitos. Por su parte, en Colombia se redujo en un 95 % la incidencia de dengue en el Bello, Medellín e Itagüí (Valle de Aburrá) tras la liberación a gran escala de wolbitos .

¿Cuáles son los pasos por seguir?

Tuvo que pasar una década, siete presidentes e incontables ministros de salud, para incluir una mejor estrategia para controlar al vector del dengue y otros virus como el zika, chikungunya y fiebre amarilla. En abril del 2024, el Instituto Nacional de Salud evaluó la tecnología y concluyó que se debía hacer estudios piloto controlados para determinar su eficacia, seguridad, capacidad de producción a pequeña escala y posterior sostenibilidad de esta intervención.

Los resultados obtenidos por el World Mosquito Program se ven alentadores. De acuerdo con el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, en febrero arrancaría este proyecto en el Perú en un lugar por definir. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la reducción de la incidencia del dengue no ocurre inmediatamente se liberen los wolbitos.

Primero se debe identificar las zonas donde será usada la tecnología. Para ello, hay que seleccionar áreas endémicas basándose en datos epidemiológicos y climáticos, y elegir una comunidad de control para comparar resultados.

Luego se debe diseñar campañas informativas para las comunidades involucradas, explicando el funcionamiento de los mosquitos con Wolbachia y desmintiendo teorías conspirativas que ya aparecieron.

También se debe establecer un laboratorio local para criar mosquitos infectados con la cepa wMel y garantizar su transmisión a futuras generaciones. Luego hay que liberar miles de wolbitos durante varias semanas para garantizar la colonización de la zona, haciendo monitoreos de dispersión y reproducción periódicos.

Finalmente, se debe comparar la incidencia de dengue en las zonas intervenidas frente a las áreas de control para medir el impacto del proyecto. Y, sobre la base de estos resultados, expandir la intervención a otras regiones endémicas.

Aunque los resultados internacionales son prometedores, implementar esta tecnología en Perú requiere un esfuerzo sostenido. La reducción de casos no será inmediata, y la inestabilidad política podría poner en riesgo el proyecto. Sin embargo, este es un paso importante hacia una solución más efectiva y sostenible. Una vez en marcha, los resultados podrían cambiar el curso del dengue en nuestro país.

Existe una gran diversidad de proteínas Cry, cada una altamente específica en su toxicidad. Por ejemplo, las Cry1 son letales para larvas de lepidópteros, como el gusano cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda) y el gusano rosado del algodón (Pectinophora gossypiella). En cambio, las Cry3 afectan a larvas de coleópteros, como el gusano barrenador de la caña (Diatraea saccharalis). Incluso hay algunas variantes de Cry que resultan tóxicas para himenópteros (hormigas), dípteros (mosquitos), hemípteros (chinches) y hasta células cancerígenas humanas.

El impacto ambiental de los cultivos Bt ha sido, en general, positivo. Su uso reduce significativamente la aplicación de insecticidas sintéticos, que suelen ser más tóxicos y menos selectivos. Sin embargo, a pesar de la especificidad de las proteínas Cry, las normativas de bioseguridad exigen evaluar cuidadosamente su efecto en organismos no objetivo.

Las lombrices de tierra juegan un papel crucial en los ecosistemas del suelo. Al alimentarse y procesar materia orgánica, producen excrementos conocidos como "humus de lombriz", un fertilizante natural extremadamente rico en nutrientes. Gracias a esta actividad, las lombrices mejoran la estructura del suelo, favorecen la retención de agua y facilitan el reciclaje de nutrientes. Por estas razones, son consideradas uno de los bioindicadores más valiosos para monitorear la salud ecológica del suelo y evaluar los posibles riesgos de los cultivos transgénicos.

Las proteínas Cry liberadas por los cultivos Bt se unen a las partículas del suelo y a los ácidos húmicos, confiriéndoles resistencia frente a la degradación microbiana. De hecho, pueden mantener su actividad biocida durante más de siete meses. Esto implica que los organismos que habitan en el suelo, como las lombrices de tierra, están expuestos a estas toxinas de forma continua. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que las toxinas Bt no las afectan. Esto es consistente con la alta especificidad de las proteínas Cry.

Más allá de los efectos directos, una pregunta clave ha surgido: ¿qué impacto tienen las toxinas Bt en la microbiota intestinal de las lombrices de tierra?

Las comunidades microbianas que habitan en los intestinos de los animales desempeñan un papel esencial en su salud digestiva, inmunológica y metabólica. En las lombrices, estas bacterias contribuyen a la descomposición de materia orgánica y al mantenimiento del equilibrio ecológico del suelo. Con los avances en la secuenciación de ADN y las herramientas bioinformáticas, hoy es posible analizar con detalle cómo estas comunidades microbianas podrían verse afectadas por la exposición a las proteínas Cry.

En un reciente experimento llevado a cabo por investigadores chinos, se expusieron lombrices de tierra a suelos tratados con toxinas Bt para evaluar su impacto en la microbiota intestinal. Los resultados mostraron que:

• Reducción inicial de la diversidad bacteriana: Tras 14 días de exposición, se observó una disminución en la variedad de especies bacterianas en el intestino de las lombrices.

• Recuperación y estabilidad: A los 21 días, la diversidad bacteriana se había recuperado y mostraba una mayor estabilidad en comparación con el inicio del experimento.

• Cambios específicos en la microbiota: Se identificó un aumento en las bacterias del género Microvirga, conocidas por su papel beneficioso en el suelo y las plantas. Estas bacterias ayudan a fijar nitrógeno, solubilizar fósforo y potasio, e hidrolizar polisacáridos.

Este tipo de investigaciones son fundamentales para mejorar la bioseguridad de los cultivos transgénicos. Comprender cómo afectan a los organismos no objetivo, como polinizadores, descomponedores de materia orgánica o controladores biológicos, permite diseñar variedades modificadas genéticamente que minimicen riesgos y maximicen beneficios. Así, es posible equilibrar la necesidad de una mayor producción agrícola con el cuidado y conservación del medio ambiente.

Sin embargo, esta historia inicia mucho antes.

A inicios de la década de 1990, numerosos países comenzaron a experimentar con la ingeniería genética aplicada a diversos cultivos agrícolas. No obstante, en aquel entonces, ninguno disponía de regulaciones claras sobre el uso de organismos genéticamente modificados, especialmente en Latinoamérica. Algunos países, como respuesta, implementaron procedimientos y crearon comisiones ad hoc para evaluar y autorizar estas investigaciones. México, por ejemplo, formalizó su Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA) en 1995.

Por ese entonces, el conocimiento científico sobre las posibles repercusiones ecológicas y ambientales de los transgénicos era aún limitado, especialmente en los centros de origen de los cultivos, donde estos coexisten con sus parientes silvestres. Por esta razón, la CNBA estableció una moratoria de facto en 1998 y no emitió autorizaciones para la siembra de maíz transgénico. Sin embargo, su vecino Estados Unidos llevaba tres años produciéndolo y en cantidades cada vez mayores.

En 1999, activistas de Greenpeace hallaron maíz transgénico en el puerto de Veracruz dentro de contenedores marítimos procedentes de Estados Unidos. Aunque estos granos estaban destinados al consumo y no a la siembra, su importación no contaba con una autorización formal. Además, era probable que no fuera la primera vez que este tipo de maíz ingresaba al territorio mexicano.

Este hallazgo llamó la atención de dos investigadores de la Universidad de California Berkeley: Ignacio Chapela y David Quist. Entre octubre y noviembre de 2000, ambos recorrieron el estado de Oaxaca, en el sur de México, recolectando muestras de mazorcas de maíz criollo y granos adquiridos en tiendas locales. Mediante la técnica de PCR, identificaron la presencia del gen p-35S —utilizado en el desarrollo de diversos cultivos transgénicos— en todas las muestras analizadas. El estudio fue publicado en Nature al año siguiente, pero generó controversia y criticas debido a posibles errores procedimentales.

En 2005, México promulgó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM); y, en 2008, su respectivo reglamento. Con esta legislación se estableció un marco regulatorio claro para la evaluación y autorización de cultivos transgénicos, poniendo fin a la moratoria impuesta en 1998 sobre el maíz genéticamente modificado.

Esta normativa se convirtió en un referente para la región, especialmente por considerar las características particulares de México como un país megadiverso y con una fuerte tradición de agricultura familiar, y con un enfoque basado en ciencia. Además, se creó la CIBIOGEM1 para establecer, al más alto nivel, las políticas relativas a la bioseguridad.

Para 2013, y bajo el amparo de esta normativa, México había otorgado 202 permisos para siembras experimentales y controladas de maíz transgénico. Sin embargo, nuevos análisis detectaron su presencia en campos de cultivo alejados de las zonas autorizadas. Dichos estudios fueron dirigidos por la Dra. María Elena Álvarez-Buylla, quien adquirió mayor notoriedad como una figura crítica y opositora a esta tecnología.

Además, estos hallazgos sirvieron como base para una acción colectiva impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil, que acudieron a los tribunales federales para exigir la prohibición de la siembra de maíz transgénico. Ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de México dictó una medida cautelar que suspendió temporalmente la emisión de nuevos permisos de liberación de este maíz. La restricción, a pesar de múltiples impugnaciones y amparos promovidos por empresas agroindustriales, permanece vigente hasta la fecha.

En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la presidencia de México y nombró a la Dra. Álvarez-Buylla como directora del CONACYT2, quien marcó el rumbo de una política gubernamental contraria a los OGM. Esta postura también afectó otros cultivos; por ejemplo, se dejaron de otorgar autorizaciones para la siembra de algodón transgénico, impactando la competitividad de los productores nacionales.

Aunque México no producía maíz transgénico, este se encontraba presente en las masas utilizadas para hacer tortillas. Esto se debía a la alta dependencia del maíz amarillo duro importado, principalmente de Estados Unidos3, donde toda la producción es transgénica. Si bien este maíz está destinado a usos industriales, como la elaboración de piensos (alimento para animales), también puede ser empleado en la preparación de tortillas e incluso sembrado, ya que los granos siguen siendo semillas viables. La cuestión era que los maíces transgénicos contaban con autorización para comercialización, importación y uso en la alimentación humana emitidas por COFEPRIS4.

Y así llegamos al último día de 2020. La oposición radical a los transgénicos se materializó en un Decreto, cuyo artículo 6 dispuso lo siguiente:

(…) las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable y con base en criterios de suficiencia en el abasto de grano de maíz sin glifosato, revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, hasta sustituirlo totalmente en una fecha que no podrá ser posterior al 31 de enero de 2024, en congruencia con las políticas de autosuficiencia alimentaria del país y con el periodo de transición establecido en el artículo primero de este Decreto.

En enero de 2023, Estados Unidos solicitó formalmente a México una explicación y más información sobre el Decreto de 2020, debido a que este país es el principal destino de sus exportaciones de maíz, compuesto casi en su totalidad por variedades transgénicas. Washington expresó su preocupación por el posible impacto económico y comercial que podrían derivarse de las restricciones impuestas.

El gobierno mexicano era consciente de que sustituir las importaciones de maíz transgénico provenientes de Estados Unidos resultaba inviable, dado que no son autosuficientes en la producción de este grano y ningún otro país produce cantidades comparables sin recurrir a esta tecnología. Además, considerando que estas importaciones se destinaban principalmente a la alimentación animal y no al consumo humano directo, promulgó un nuevo Decreto, tan solo un día antes de responder formalmente a su vecino del norte.

Este Decreto de 2023 introdujo enmiendas y precisiones al Decreto original de 2020. En primer lugar, estableció una clasificación de tres tipos de maíz: el destinado al consumo humano directo (principalmente para la elaboración de tortillas), el de uso industrial para alimentos procesados destinados al consumo humano, y el utilizado en la alimentación animal. La prohibición se restringió únicamente al primer tipo. En segundo lugar, se dispuso una “sustitución gradual” del maíz transgénico para alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana, tomando en cuenta las necesidades de abasto. Ya no había un plazo definido para su sustitución total.

En los meses siguientes, se llevaron a cabo más consultas y comunicaciones entre ambos gobiernos. México aclaró que la medida aplicaría únicamente al maíz blanco, utilizado para la elaboración de masas destinadas a las tortillas, del cual son autosuficientes. Sin embargo, estas respuestas no dejaron satisfecho al gobierno de Estados Unidos, ya que, en el fondo, percibían que se estaba poniendo en entredicho su sistema regulatorio para productos biotecnológicos, supervisado por el Departamento de Agricultura (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Desde la perspectiva estadounidense, las evaluaciones de riesgo realizadas por estas agencias concluían que el consumo de maíz transgénico es tan seguro e inocuo como el del maíz convencional, por lo que no debería estar sujeto a restricciones para ningún uso. Este desacuerdo llevó a Estados Unidos a impugnar los decretos mexicanos ante los mecanismos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en agosto de 2023.

Para sustentar su posición, el gobierno mexicano recopiló exclusivamente publicaciones científicas que respaldaban los riesgos asociados al maíz transgénico5, desestimando aquellas que ofrecían conclusiones contrarias bajo el argumento de que presentaban conflictos de interés. Esta práctica, conocida como cherry-picking, distorsiona la objetividad del análisis y genera resultados sesgados, además de contradecir los principios éticos fundamentales de la investigación científica.

El riesgo se define como la posibilidad de que ocurra un evento adverso o indeseado y se evalúa considerando dos variables principales: la probabilidad de que el evento ocurra (qué tan probable es) y la severidad o impacto de sus consecuencias (qué tan grave sería el daño).

Que algo sea posible no implica que necesariamente ocurrirá. Por ello, la evaluación de riesgos debe realizarse caso por caso, considerando ambas variables. Este enfoque es el que establece el CODEX Alimentarius y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, un instrumento internacional que México ratificó, pero no aplicó al momento de emitir los mencionados decretos. Esta omisión llevó al Panel del T-MEC a fallar a favor de Estados Unidos en la disputa.

En un comunicado conjunto, las Secretarías de Economía y Agricultura de México manifestaron que no comparten las conclusiones del Panel del T-MEC, pero respetarán su fallo. Sin embargo, seguirán insistiendo en prohibir la siembra de maíz transgénico, que actualmente está restringido por un fallo judicial, a través de una Ley o reforma constitucional.

Para comprender mejor este tema, es crucial reconocer que la mayor parte de la biodiversidad del planeta se halla en países en desarrollo, como Perú. Sin embargo, muchas de las empresas que se benefician de esa biodiversidad, como las del sector biotecnológico, farmacéutico, cosmético y agrícola, tienen su sede en los países desarrollados. Dichas empresas han aprovechado nuestro patrimonio natural para lograr beneficios comerciales, por ejemplo, usando plantas recolectadas, en ocasiones sin permiso, para crear nuevos cultivos o medicamentos, sin repartir las ganancias obtenidas.

Esto crea una injusticia que el CDB, aprobado hace más de tres décadas, intentó enmendar. En primer lugar, reconociendo los derechos soberanos de las naciones sobre sus recursos genéticos; y, en segundo lugar, procurando una distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos de estos recursos. El Protocolo de Nagoya, que deriva del CDB y ratificado por Perú y otros 140 países, aspira implementar este propósito.

No obstante, el Protocolo de Nagoya se limita al material genético físico. No abordó la forma en que los países deberían regular los datos genómicos de la biodiversidad que se secuencian y publican en repositorios de acceso abierto como el GenBank.

Cuando las empresas comercializan productos basados en DSI y no comparten los beneficios económicos que se derivan con el país proveedor de esos recursos, hablamos de biopiratería. Por esta razón, desde 2016 se ha propuesto incluir el uso de la información genética en el reparto de beneficios.

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Proceso de negociación

Tras la aprobación del mecanismo multilateral en la COP-15, se estableció un grupo de trabajo de composición abierta encargado de definir la operatividad del mecanismo. Dicho grupo celebró dos reuniones presenciales en noviembre de 2023 y agosto de 2024, además de seis encuentros virtuales informales. Durante la COP-16 en Cali, se formó un grupo de contacto que se sesionó todos los días.

Desde el principio existió acuerdo en que las compañías que obtienen beneficios económicos de las DSI deberían aportar a un fondo global. Sin embargo, surgieron diferencias sobre si estas aportaciones debían ser voluntarias u obligatorias, y si solo las grandes empresas estarían obligadas a realizarlas. Los países desarrollados argumentaban que el CDB no podía imponer obligaciones a las entidades privadas, sino únicamente a las Partes. Por su parte, los países en desarrollo deseaban proteger a sus pequeñas empresas locales, procurando que estos aportes no perjudicaran su frágil competitividad.

También hubo consenso en que el mecanismo multilateral esté alineado con los principios de datos abiertos y no interfiera con la investigación científica o la innovación. Sin embargo, los países en desarrollo expresaron preocupaciones sobre la gobernanza de los datos, demandando una mayor responsabilidad de los administradores de bases de datos genéticas en cuanto a informar a los usuarios acerca del mecanismo multilateral, la repartición de beneficios, la identificación del país de origen y el acceso legal al material genético de donde se derivó la DSI. Por otro lado, los países desarrollados, financiadores de estas bases de datos, discrepaban debido a los costos adicionales que implicaría.

Otro punto crítico de la negociación fue cómo se debía distribuir los fondos. Los países en desarrollo abogaban por asignaciones directas, en contraste con los países desarrollados que preferían asignaciones basadas en proyectos, similar al enfoque del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). Además, se debatió sobre el porcentaje del fondo mundial que se asignaría a organizaciones indígenas y comunidades locales, el respeto de las legislaciones nacionales que regulan las DSI, la administración del fondo y la transparencia en la rendición de cuentas, entre otros temas.

A dos días de concluir la COP-16 y ante la falta de consenso sobre la operatividad del mecanismo multilateral, la Presidencia de la COP, liderada por la Ministra del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, optó por reunirse con cada grupo regional y los jefes de delegación de cada país para conocer sus posturas y redactar una propuesta de texto consensuado. Este documento se publicó en la madrugada del sábado 2 de noviembre, durante la sesión plenaria final, y se presentó para su aprobación integral ("lo toman o lo dejan"), sin espacio para más debates o modificaciones. Finalmente, después de horas de incertidumbre y con la adición de una resolución para explorar modalidades adicionales para el funcionamiento del mecanismo multilateral en la próxima COP, el documento fue aprobado a las 7:30 de la mañana.

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Decisión agridulce

Los países en desarrollo y con alta biodiversidad manifestaron su malestar porque el mecanismo multilateral no tiene carácter obligatorio. Las aportaciones al Fondo de Cali (nombre que recibirá este fondo específico) por parte de las empresas que utilizan DSI son voluntarias. Será tarea de los países incorporar en su legislación y políticas nacionales los incentivos o regulaciones necesarios para garantizar la implementación y cumplimiento de dicho mecanismo.

Se acordó que, en esta primera fase, solo las grandes empresas1 que utilizan la DSI para desarrollar productos donarán el 0,1 % de sus ingresos o el 1 % de sus ganancias. Según cálculos optimistas de la London School of Economics, este fondo podría generar más de 1000 millones de dólares anuales. Sin embargo, dado que las aportaciones son voluntarias, es poco probable que se cumpla esta proyección.

Un aspecto favorable es que el Fondo de Cali se distribuirá directamente a los países mediante una fórmula de cálculo que será aprobada en la COP-17 y que considerará la riqueza de biodiversidad, el origen de las DSI y las necesidades de capacidad para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Además, al menos la mitad de estos fondos serán destinados a los pueblos indígenas y comunidades locales, permitiéndoles administrar sus recursos biológicos y genéticos de manera sostenible a largo plazo.

Si bien las instituciones académicas, como las universidades y los institutos de investigación sin fines de lucro, no tendrán que aportar dinero cuando desarrollen métodos o productos basados ​​en la DSI, si deberán compartir beneficios no monetarios como la transferencia de tecnología y desarrollo de capacidad de para que los países en desarrollo y biodiversos puedan genera, almacenar y utilizar sus propias DSI. Asimismo, se han establecido ciertas responsabilidades a las entidades que administran las bases de datos genéticas para una mejor gobernanza de la información.

En conclusión, la decisión sobre el funcionamiento del mecanismo multilateral no fue del agrado de todos, como normalmente ocurre con las decisiones de las Convenciones de las Naciones Unidas que son aprobadas por consenso y no por votos. No obstante, es un buen punto de partida para dirigir fondos hacia la conservación de la biodiversidad, reduciendo el déficit de financiación que hay para cumplir los objetivos del CDB y el Marco Mundial de Biodiversidad.

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